El Patrimonio cultural material e inmaterial es parte importante de nuestra memoria, de nuestras identidades, es diversidad y raíces. Refleja la complejidad y amplitud de un grupo definido pero cambiante de seres humanos. Es pasado y presente para darle proyección y sentido al futuro.

En ese contexto, definir qué es Patrimonio, darle categorías, establecer instrumentos y mecanismos para identificarlo, protegerlo, conservarlo, difundirlo, entre otros, es una labor compleja que debe tener una diversidad de miradas, de especialidades y sensibilidades que permitan abarcar esa diversidad.

Crear una ley que permita hacer una política y gestionar el Patrimonio Cultural requiere, en su gestación, el espíritu, la amplitud y la complejidad antes descritas. Requiere desde un principio incluir a los actores que se cree son importantes para el Patrimonio, esto es, a mi entender, la mayor amplitud de comunidades, activistas y especialistas.

Es una labor donde el Estado, representado por el gobierno y las autoridades de turno (incluidos ministros, subsecretarios, parlamentarios), deben escuchar a las comunidades para saber qué son, qué quieren ser esas comunidades (el Patrimonio es, en buena medida, lo que se quiere ser en base a lo que se ha sido), porque ellas son el foco, el centro.

Cuando el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el subsecretario del Patrimonio trabajan en una propuesta a “puertas cerradas”, presentando en “sus instancias de participación” unos “power point” extremadamente generales, donde a algunos sectores se les muestran algunas propuestas de artículos específicos que les atañen y a otros prácticamente nada (como a los trabajadores del Ministerio), es difícil no pensar que el concepto que manejan de Patrimonio, más allá de los discursos, es el de algo propio de “especialistas”, algo para gente docta, que sabe valorar lo que es valioso de las prácticas de artesanos, músicos, de ritos y fiestas, los que pueden decir qué importa de la historia y de las ciudades… como si el resto fueran discapacitados para abordar estos temas (que les incumben directamente).

Algo que se define desde la academia, que en Chile en general está muy lejos de las comunidades, más aún si estas están lejos de la capital y de los grandes centros urbanos.

Si a lo anterior agregamos que no ha habido Consulta Indígena (algo a lo que está obligado el Estado de Chile, por convenios que, libremente, a suscrito), el panorama se ve poco auspicioso.

La pregunta es: ¿hasta cuando el Patrimonio será definido por unos pocos? ¿Cuándo llegará la “democracia” a las comunidades para que se piensen y definan sus identidades?

Las señales dadas por el Ministerio y la Subsecretaría nos remiten a mediados del siglo pasado. Como si ellos no vieran las millones de personas que han participado en las 19 versiones que se han hecho del Día del Patrimonio, ni el dinamismo y capacidades de tantas organizaciones ciudadanas vinculadas al Patrimonio.