Tras reanudar el jueves 17 de enero la mesa de diálogo, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y los trabajadores sindicalizados de la institución llegaron a un acuerdo tras una movilización que se extendió por poco más de 20 días.
“Los nuevos beneficios acordados buscan acortar la brecha salarial, en los sueldos menores a 600 mil pesos; a reconocer la antigüedad laboral; y a incentivar los estudios, entre otros. Buscamos en conjunto con el sindicato acordar beneficios responsables para un centro cultural que tiene buenas condiciones laborales y que no tiene fines de lucro”, explicó Felipe Mella, director ejecutivo de GAM.
El nuevo acuerdo, que regirá por tres años, incrementa el ticket diario de almuerzo a $4.000 pesos, cifra que no será descontada en caso de licencia médica hasta 8 días al año.
A su vez, se definió una asignación de $400.000 por nacimiento de hijos o hijas de madres y padres trabajadores de la Corporación; y la entrega de una asignación por estudios superiores equivalente a $150.000.
Además, se incrementó el aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad hasta $70.000 brutos; se asignó un bono por antigüedad de cinco años cumplidos y se aumentaron las rentas inferiores a $600.000 brutos a este valor (“considerando que en el caso de jornadas parciales, este cálculo se hará según la jornada completa equivalente”, aclaran desde GAM).
“Es muy importante el acuerdo para nosotros, porque en cierta medida establecimos que el sueldo mínimo en el GAM no fuera más una cifra indeterminada ni flexible, sino una cifra fija. Es una señal poderosa de que con un esfuerzo económico se puede establecer un sueldo mínimo que no sea un sueldo de hambre”, comentó a BioBioChile Simón Busquet, presidente del sindicato de trabajadores del GAM.
En los casos de trabajadoras cuyos hijos por prescripción médica estén impedidos de asistir a una sala cuna, con este acuerdo percibirán un bono equivalente a la asignación vigente de una sala cuna:$240.000.
La valorización anual del acuerdo firmado, sumado a los beneficios anteriores que se mantienen, tienen un costo anual aproximado de $200 millones al año; cifra muy inferior al valor total del primer petitorio: $608.702.000 por año.
“Valoramos que los trabajadores hayan estado dispuestos a evaluar una contrapropuesta distinta a la original en sintonía con la realidad económica de la corporación y que hayamos llegado a un acuerdo que es fruto del diálogo”, precisó Felipe Mella.
De acuerdo a la institución, en este caso la huelga fue catalogada de ilegal debido al impedimento de la entidad de negociar colectivamente. Esto, porque se trata de una entidad privada sin fines de lucro y con un presupuesto del sector público equivalente a más del 65%.
“Adicionalmente, las instituciones competentes dieron dos fallos: uno de la Dirección del Trabajo -que ratificó el 8 de enero de 2019 la prohibición de negociación colectiva, de acuerdo a lo descrito en el art. 304 inciso 3ro del Código del Trabajo*-, y otro fallo en el mismo sentido de la Corte Suprema el 31 de diciembre de 2018”, recalcan desde la institución.
