La lentitud para implementar el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como para presentar una propuesta de nueva Ley de Patrimonio son responsabilidad de la dificultades en la instalación del actual gobierno -en especial en esta área-, lo que no deja fuera responsabilidades de la administración anterior como factores que ya parecen endémicos.

Por Pablo Andrade B.

El 2018, ha sido el año de debut del recientemente creado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la nueva institucionalidad ha puesto en la discusión generalizada temáticas que hace algunos años no estaban presentes en los medios de comunicación, como por ejemplo el presupuesto en cultura, concursos de cargos y modificaciones de Ley. Esta visibilidad de temáticas que no parecían ser de interés ciudadano hace algunos años, se han visto en la palestra de discusiones en la prensa y en la redes sociales. Probablemente han adquirido mayor visibilidad debido a las dificultades de instalación del Ministerio, las que se hicieron notar al poco andar del nuevo gobierno y las que tuvieron como respuestas que las responsabilidades recaían en la administración anterior, respuestas que por lo demás se vuelven habituales en el trascurso del año.

Por cierto, podemos suponer que existen problemáticas de arrastre de gobiernos anteriores, e incluso podemos identificar que en algunas materias estos problemas son prácticamente de un carácter endémico en las políticas culturales de nuestro país. Sin embargo, después de 7 meses, nos sigue generando duda la capacidad limitada en la operación de algunas temáticas que ha tenido el anhelado nuevo Ministerio.

Sin ir más lejos, en temas patrimoniales, la agenda presidencial ha puesto uno de sus acentos en la modificación a la Ley de Monumentos Nacionales 17.288, pese a que en el discurso presidencial (2018), únicamente se habla de la realización de dos días del Patrimonio, mejora de infraestructura cultural, conectividad a través de fibra óptica de centros culturales e instalación del Ministerio, en un escueto párrafo de diez líneas.

Este sucinto párrafo ya es un indicativo de la relevancia del recientemente creado Ministerio en el actual Gobierno, como también sus prioridades en la ejecución de políticas culturales trabajadas a partir de mesas participativas a lo largo del país en años anteriores.

Aquí radican algunos de los problemas o errores no forzados que ha tenido la nueva institucionalidad cultural, y no me refiero a la ejecución de las políticas culturales, sino más bien a su enfado con los espacios participativos como forma de gobernar.

Particularmente si observamos las acciones de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, las autoridades se han sumado de manera reactiva y no proactiva a diversas iniciativas surgidas desde la ciudadanía, colegios profesionales y asociaciones gremiales. Lo que nos sorprende, debido a la relevancia que ha planteado el ejecutivo para realizar el cambio de esta Ley, siendo mencionado por las autoridades en reiteradas ocasiones a través de entrevistas a diversos medios.

La pasividad o lentitud de las autoridades es tal, que la sociedad civil en manos de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales con el apoyo de 10 diputados, ingresó a la cámara un proyecto de modificación a la Ley de Monumentos Nacionales, en octubre pasado.

Lo destacable son las formas de participación que la ciudadanía ha encontrado, desarrollando ejercicios democráticos que legitiman su historia y su capacidad organizativa en búsqueda de un bien común, más allá de intereses particulares. Si hiciéramos una analogía deportiva en la gestión de la modificación de la Ley, podríamos resumir que el resultado es un marcador igual a Ciudadanía 1 – Ministerio 0.