Una querella criminal pidiendo investigar la responsabilidad de exejecutivos de la CMPC en un caso de violación de derechos humanos fue presentada al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
La acción legal fue interpuesta por la viuda e hijos de Alfonso Macaya Barrales, uno de los 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles asesinados en los días posteriores al golpe militar de 1973, hecho por el cual hasta ahora sólo carabineros en retiro están procesados.
Sin embargo, en el escrito se pide al ministro Aldana indagar el apoyo que exempleados de la CMPC -como Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera, Rodolfo Román y Luis Garrido- habrían prestado a los exuniformados para proceder a la detención ilegal, el secuestro y las ejecuciones de los operarios.
Señalar que hace unos días, el juez especial para causas por violación de derechos humanos había indicado que no se había podido acreditar la responsabilidad de civiles en el sumario, incluso desechando la Corte de Apelaciones penquista el procesamiento de algunos ex ejecutivos de la papelera.