La comisión de 65 diputados que debe dar su parecer sobre una posible destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inició sus trabajos fuertemente dividida, con una leve ventaja para los partidarios del juicio político, indica una encuesta.

De acuerdo con ese sondeo, realizado por la consultora Arko Advice y publicado este domingo por el diario O Dia, 32 integrantes de esa comisión apoyan el juicio, 31 lo rechazan y 2 permanecen indecisos.

El estudio se realizó el jueves pasado, cuando la comisión acababa de conformarse para evaluar si hay motivos suficientes para enjuiciar a Rousseff por presunta manipulación de las cuentas públicas.

El empate técnico entre las dos partes dista sin embargo de marcar líneas divisorias infranqueables.

“El panorama puede cambiar muy rápidamente”, dijo el director de Arko, Murilo Aragao, quien observó que en la Cámara de Diputados, que deberá aprobar o rechazar el parecer de la comisión, hay cada vez más legisladores que consideran inevitable la destitución de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Según otro sondeo de la misma consultora, realizado entre el 15 y el 17 de marzo con un muestrario de 100 diputados de 23 partidos políticos, “un 62% aprobaría un juicio político”, más del doble que en febrero (24,5%). “En apenas tres semanas, el resultado casi se triplicó”, subrayó Murilo Aragao.

La postura favorable al juicio político avanza también en la opinión pública. Una encuesta de Datafolha publicada el sábado indica que un 68% de los brasileños quiere que Rousseff sea destituida, frente a un 60% un mes atrás.

La comisión de 65 diputados someterá su parecer después de quince sesiones parlamentarias plenarias, la primera de las cuales se llevó a cabo el viernes.

Una recomendación favorable a un juicio de destitución debe ser aprobada por los dos tercios de la Cámara (342 de 513 diputados) y, si ello ocurre, ratificada por mayoría simple en el Senado (de 81 escaños).

En ese caso, Rousseff sería apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días. Y su destitución definitiva ocurriría si el Senado la votase al cabo de todo el proceso, esta vez por mayoría de dos tercios (54 senadores).