El gobierno peruano rechazó este martes presuntas vinculaciones del presidente peruano Ollanta Humala, con supuestos pagos realizados por la empresa brasileña Odebrecht, que opera en Perú y que es investigada por actos ilícitos en Brasil.
Para esos efectos el embajador de Brasil en Perú, Marcos Raposo Lopes, fue convocado a palacio de Gobierno por el propio Humala “para expresar su rechazo a tales afirmaciones y solicitar información oficial sobre el particular”.
En la cita estuvo el primer ministro, Pedro Cateriano, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez.
Los cuestionamientos surgen luego que se diera a conocer un informe de la Policía Federal de Brasil, en el que Humala fue vinculado en el caso a raíz del análisis de una hoja de cálculo incautada a la administradora María Lucía Guimaraes Tavares, quien mantiene una relación laboral con Odebrecht desde enero de 2006 y que, de acuerdo con la policía, “ayudaba al presidente de Odebrecht (Marcelo Odebrecht) en sus prácticas criminales”.
La hoja de cálculo lleva el título de ‘Posición de Programa Especial Italiano’ y tiene como fecha el 31 de julio del 2012. En ella, aparecen las que, según la policía, serían las iniciales del mandatario peruano con el rótulo ‘Proyecto OH’.
Al lado de la referencia a Ollanta Humala hay una anotación con la cifra de 4.800 millones de reales (equivalentes a 3 millones de dólares, al cambio de 1,6 reales por dólar).
Según la prensa, este monto se habría entregado en 2011. Tras vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori, Ollanta Humala asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2011.
No obstante, el informe no detalla el motivo de la entrega de dinero.
En su informe, la policía asegura que existen “pruebas significativas” de que los pagos se realizaron los pagos.
A juicio del organismo policial brasileña ello “revelan prácticas criminales hasta ahora no descubiertas, que ciertamente envolverán nuevas investigaciones sobre nuevos sistemas ilícitos y agentes corruptores”.
Por su parte, Odebrecht Perú en un comunicado asegura que “nunca ha realizado donaciones ni entrega indebida de dinero a partidos políticos o autoridad pública”.
Sostiene que las noticias en la prensa que relacionan al Perú en la investigación Lava Jato evidencian “que no se trata de una acusación formal, sino más bien de evaluaciones preliminares basadas en la interpretación de apuntes por parte de la Policía Federal de Brasil”.
