Temas como la delincuencia, la seguridad, los derechos de las personas y la visión de la ciudadanía frente al sistema judicial, entre otros, fueron los tratados en la encuesta Percepción del servicio encargado por la Defensoría Penal Pública al Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, realizada durante diciembre de 2015.
Dentro de los datos que llamaron la atención se encuentra que la ciudadanía considera que la medida más importante para mejorar el sistema de justicia es la inversión en prevención y detección temprana de delitos, seguida por la rehabilitación y la reinserción social, quedando en un tercer lugar el mayor control o vigilancia policial.
Pero un dato que se destacó fue en el aspecto de la delincuencia, donde el 54% de los encuestados está de acuerdo con las detenciones ciudadanas, las que se exhiben como un modo de justicia por “las propias manos” de quienes fueron víctimas de delitos.
Asimismo, las personas encuestadas precisaron que el 36,2% cree que el principal problema del país es la delincuencia, seguido por la corrupción con un 9,9% y la pobreza con un 9,5%.
David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, destacó la caída de este indicador respecto a mediciones anteriores.
“La última tasa de victimización conocida es de 2014 y es de 25%. Nosotros al replicar la pregunta (con la diferencia que fue incluida al inicio del cuestionario) observamos una importante caída en la proporción de hogares víctimas de algún delito”. Asimismo, el académico de la Universidad Católica destacó la contribución que este tipo de estudios empíricos hace a la discusión pública en el país.
De igual forma, las personas consultadas manifestaron tener un bajo nivel de confianza en las instituciones relacionadas con la justicia en Chile y creen que hay diferencias entre cómo se trata a los individuos según su posición social.
Por esta razón, 83,8% de los encuestados está en desacuerdo con la frase “la justicia es igual para todos” y un 95% está de acuerdo con la aseveración “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o por su estatus social”.
La Defensoría Penal Pública consideró esta información muy relevante. Andrés Mahnke, defensor Nacional, agregó que si bien es conocida la baja confianza que tendría la ciudadanía sobre la justicia, señaló que información como ésta obliga a los distintos actores que forman parte de la justicia penal como la Fiscalía, la Defensoría y el Poder Judicial, a realizar un mayor esfuerzo para acercar el sistema a las personas.
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