En sus últimos días se encuentra la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia, cuyo despacho está previsto antes de que termine enero.
Precisamente una de las indicaciones del proyecto es la que generó la alerta en la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile (Urgcch), desde donde acusan una eventual vulneración al ejercicio de su profesión.
Se trata de la indicación 62, patrocinada por los senadores Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD) y Hernán Larraín (UDI) en donde se faculta a las policías o al Ministerio Público a exigir material audiovisual a “toda persona natural o jurídica” que cuente con registros que pudieran “identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito”.
Para estos efectos, consigna la indicación, se deberá contar con la instrucción previa del fiscal competente y, en caso de que el requerido se niegue a entregar las imágenes, audios o cualquier tipo de registro, arriesgaría una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa entre las 2 y las 12 UTM.
Esto fue lo que causó la molestia de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos, quienes afirmaron que la indicación “consolidaría institucionalmente la censura previa y lesionaría gravemente las condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los profesionales de la información”, recoge el portal de Radio Villa Francia.
Lo anterior, dado que en la indicación no se establece si el material podrá ser exigido antes de que sea difundido o publicado en medios. Junto a ello, la agrupación considera que la normativa transgredería “el derecho básico de resguardar las fuentes informativas, consignado en la Ley de Prensa”.
Asimismo, la Urgcch recordó la oposición de Harboe mientras era diputado a uno de los artículos de la denominada Ley Hinzpeter (minuto 12:15), que permitía a las policías obtener los registros audiovisuales captados en manifestaciones sin una orden previa.
A diferencia de esa normativa, que fue rechazada en su momento, la indicación 62 sí contempla que el procedimiento debe ser visado por un fiscal, aunque no se entregan mayores detalles de cómo se debe efectuar la diligencia.
Harboe resta su patrocinio
Desde el equipo de comunicaciones de Felipe Harboe señalaron a BioBioChile que efectivamente su firma se encontraba en la indicación, aunque ahora decidió retirar su patrocinio de ésta.
Según indicaron, es común que un parlamentario patrocine una indicación y que posteriormente vote en contra. Lo anterior, con el objeto de que se puedan incluir dichos puntos en la discusión.
No obstante, dado que la interpretación de la indicación 62 podría afectar el ejercicio de la profesión de reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas, el senador se inclinó por quitar su firma, decisión que ya fue comunicada por escrito a la secretaria de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Nora Villavicencio.
De todos modos, se consignó que Harboe firmó la indicación “en el entendido que ella protegía siempre el derecho de toda persona a mantener en reserva la fuente y los elementos que permitieran identificar dicha fuente”.
