El gobierno de Brasil tiene una aprobación de apenas 9% y se mantiene en mínimos históricos, según un sondeo divulgado este martes, días después del lanzamiento de un procedimiento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
“La popularidad de la presidenta Dilma se mantiene estable, en su menor nivel incluyendo su primer mandato. Es la tercera encuesta sin cambios significativos”, afirmó la encuestadora Ibope en un documento divulgado a la prensa.
Mientras el 9% de los brasileños evalúa el gobierno como “bueno o muy bueno”, un 70% lo considera “malo o pésimo”.
El porcentaje de la población que aprueba “la manera de gobernar de la presidenta” es de 14%, mientras un 18% confía en la mandataria.
El sondeo fue realizado entre el 4 y el 7 de diciembre, pocos días después que el jefe de Diputados y archienemigo de Rousseff, Eduardo Cunha, aceptara un pedido de impeachment contra la presidenta.
La denuncia de tres juristas sostiene que la mandataria maquilló las cuentas públicas en 2014 y 2015 y ordenó aumentos de gastos sin permiso previo del Congreso como requiere la ley.
Rousseff inició en enero su segundo mandato, y desde entonces una colección de problemas han detonado su popularidad: la economía entró en recesión en el segundo trimestre, la inflación ya roza los dos dígitos y el desempleo continúa aumentando. Sus dificultades para dialogar con el Congreso le han impedido poner en marcha un ajuste fiscal para ordenar las cuentas públicas.
La mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil puso bajo la lupa a eminentes empresarios, banqueros, exfuncionarios de la estatal Petrobras y políticos de varios partidos, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores.
Los robos en Petrobras desataron la furia de los brasileños, que se volcaron masivamente a las calles en cuatro oportunidades pidiendo el fin de la corrupción y la salida del gobierno.
Poco más de 80.000 brasileños se manifestaron el domingo pasado en distintas ciudades de Brasil, de acuerdo con cifras de la policía, una cifra aún lejos de los 2,4 millones que protestaron en todo el país el 15 de marzo.