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Camilo Escalona: La ley de pesca y la privatización de la política
Publicado por: Camilo Escalona
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La ley de pesca es un ejemplo n√≠tido, a la vez que vergonzoso, del aumento del fen√≥meno de privatizaci√≥n de la pol√≠tica que se ha producido en el pa√≠s, cuyo efecto m√°s impactante es el protagonismo de figuras p√ļblicas que cooptadas por el poder del dinero, terminan corrompi√©ndose.

Esta ley fue despachada del Senado en diciembre del 2012 para su promulgación. La información posterior a su despacho, revela sobornos a ciertos legisladores de circunscripciones o distritos del norte del país a través de depósitos en las cuentas corrientes, efectuados durante largos periodos de tiempo, que fueron anudando y estrechando una relación perversa que devino en un compromiso anómalo el cual culminó en prácticas corruptas que socavan la legitimidad democrática.

Al encadenarse los parlamentarios a las indicaciones de sus pagadores, altos ejecutivos de la pesca industrial, dando la espalda a sus obligaciones constitucionales y legales, en una deplorable entrega a los dep√≥sitos bancarios que “nutr√≠an” esa corrupta asociaci√≥n, se sell√≥ un cap√≠tulo funesto para el Congreso Nacional. El periodo m√°s activo de esta asociaci√≥n il√≠cita fue durante el tr√°mite de la ley de pesca, a√ļn proyecto en ese momento, que se efectu√≥ en el Senado durante el segundo semestre del 2012.

En tal a√Īo tuve la labor de ejercer la Presidencia de la Corporaci√≥n, desde donde observ√© el estrecho seguimiento que con descaro y sin rubor realizaban desde las tribunas los abundantes y √°vidos grupos de asesores de los controladores econ√≥micos del sector de la pesca industrial, escudados en las garant√≠as que entrega el propio Congreso Nacional para que sus debates sean p√ļblicos y abiertos.

Muchos chilenos sentir√°n amargura ante hechos tan bochornosos que manchan al Congreso Nacional. No importa si son socialistas o liberales, republicanos o socialcristianos, de pensamiento humanista, laico, marxista, religioso o conservador; un punzante reconcomio acompa√Īara su reflexi√≥n. No cabe duda que el haber convertido el trabajo parlamentario en mercadeo para la compra y venta de indicaciones, a mandantes que desprecian profundamente la democracia y el rol del Parlamento, constituye una pr√°ctica inadmisible.

Sin embargo, la responsabilidad pol√≠tica del gobierno de Pi√Īera es inexcusable, aunque pretenda ahora vestirse como blanca paloma. Fue su ministro Pablo Longueira, presidenciable apoyado desde La Moneda en las primarias de la derecha a mediados del 2013, el f√©rreo brazo ejecutor de este actuar y trabajar en la aprobaci√≥n de un cuerpo legal que entregaba a un pu√Īado de poderosos controladores financieros un sector clave de la econom√≠a y de la riqueza del pa√≠s.

Ahora Pi√Īera quiere escabullirse y guardar silencio. Su ya lanzada candidatura presidencial, pretende ignorar su responsabilidad en este verdadero desastre para el patrimonio nacional. Los hechos est√°n a la vista y en noviembre del 2012 se junt√≥ el tr√°mite de la ley de Pesca y la de Presupuesto, mediante el mecanismo de las urgencias, el Ejecutivo sigui√≥ adelante con la llamada “ley Longueira”. Actuando contra reloj, el gobierno pi√Īerista asign√≥ un mega negocio de cerca de 4.000 millones de d√≥lares anuales en concesiones que se extienden autom√°ticamente cada 20 a√Īos. Fue un despojo que debe ser rectificado.

Con el tiempo se ha sabido que se sobornaron y compraron conciencias, además la organización de la pesca artesanal fue dividida para anular las voces en contra, en una maniobra usada desde tiempos inmemoriales, para hacer más fácil la captura de los valiosos recursos de nuestro mar, que serían entregados por medio de la ley, en ese momento, en debate.

Agencia Uno

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Asimismo, fueron deso√≠dos los reclamos de las comunidades ind√≠genas de nuestro extenso litoral, donde los derechos del pueblo lafkenche fueron apabullados; en concreto, se burlaron los logros y avances que pocos a√Īos antes el propio Congreso Nacional hab√≠a establecido en la ley sobre el borde costero para pueblos ind√≠genas.

Ante quejas insistentes y derechos postergados, la codicia apag√≥ los escr√ļpulos y se giraron sumas que adormecieron las conciencias; por supuesto, a cuenta de las utilidades futuras aseguradas por esa ley, sin importar los recursos mar√≠timos y el patrimonio nacional.

Desde la oposici√≥n, con un sector del Parlamento, vot√© en contra, pero la maquinaria de poder que se puso en marcha no dej√≥ margen alguno; luego recurrimos al Tribunal Constitucional que, si bien ratific√≥ lo aprobado en el Parlamento, indic√≥ que esta ley es modificable por otra y que sus disposiciones no entregan “derechos adquiridos” a perpetuidad, como lo quer√≠an los consorcios beneficiados por su promulgaci√≥n.

Lo que pas√≥ en esas semanas habla muy mal de la salud moral de personas, que en cu√°nto autoridades debiesen actuar con un sentido superior de responsabilidad; se confirmo que la exacerbaci√≥n del individualismo empuja y provoca una codicia que corrompe. Se requiere un compromiso de servicio p√ļblico y de respeto al bien com√ļn que ponga t√©rmino al tr√°fico de conciencias. Por de pronto, ninguna de las personas part√≠cipes de estas violaciones a la √©tica, debiese tener nuevamente una candidatura al Parlamento.

La privatizaci√≥n de la pol√≠tica nutre esta burla a la democracia, la que confirmada por las investigaciones judiciales, aconseja que se reval√ļen las disposiciones que se aprobaron en la ley de pesca y que se vuelva a legislar sobre la materia; de modo que la se√Īal institucional sea que la compra de votos y conciencias, no es aceptable para conseguir elevadas utilidades, f√°ciles y a bajo costo. Es la honra del Parlamento la que debe restablecerse a plenitud.

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