Los senadores Manuel José Ossandón y Eugenio Tuma presentaron un proyecto para aumentar las sanciones a las empresas que cometan delitos de colusión.

La iniciativa pretende establecer sanciones contra las compañías que puedan transgredir el principio de la libre competencia.

El proyecto solicita aumentar las multas a pagar, donde las empresas deberían cancelar una sanción por el total del beneficio obtenido por el acto de colusión, además de un 30% de recargo.

Los jueces podrán condenar a penas que van desde los tres a 10 años y un día, dando cumplimiento efectivo a la privación de libertad, independiente de la existencia de atenuantes como una irreprochable conducta anterior.

Los parlamentarios indicaron que quienes cometan estos actos serán perseguidos por las justicia chilena en el extranjero, en el caso que los ilícitos se hayan cometido fuera del país pero de igual forma afecten la situación nacional.