Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegaron los funcionarios del Registro Civil acompañados de la ANEF y la CUT para interponer un recurso de protección en contra del Estado -en este caso, la Intendencia Regional- por instalar “rompehuelgas” y derivar a funcionarios del Ministerio del Interior para que desempeñen las funciones de los empleados en paro.
Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, aseguró que esto corresponde a prácticas antisindicales que no van a tolerar, y que incluso podrían ser llevadas a organismos internacionales como una práctica ilegal de parte del Estado.
Junto a ello, criticó en duros términos el anuncio del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, de utilizar la Ley de Seguridad Interior del Estado en este caso para que los funcionarios vuelvan a sus labores.
Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, aseguró que esta política utilizada por el Gobierno contradice los planteamientos del Ejecutivo en el marco de la tramitación de la reforma laboral, incurriendo en práctica antisindicales que pretenden terminar al interior del empresariado.
Mientras la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, sostuvo que mientras el Gobierno intente “botar” el movimiento más se levantarán, y reiteró la radicalización del paro desde el lunes.
