Un recurso de protección contra la Asociación de Funcionarios del organismo en el Bío Bío fue presentado por el abogado Antoine Peñaloza, argumentando que la imposibilidad de acceder a los servicios del Registro Civil violan los derechos de igualdad ante la ley, del libre ejercicio de la profesión y la libertad para poder salir y volver al país.
El profesional estima que en este caso la Corte de Apelaciones de Concepción tiene las facultades para intervenir y decretar que el Gobierno Regional del Bío Bío disponga las medidas para la entrega de los documentos que el Registro Civil -por estar sus funcionarios en una huelga ilegal- no está poniendo a disposición de los chilenos.
Sobre la viabilidad de la acción legal, el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, se excusó de hacer comentarios en su calidad de autoridad y llamó a esperar lo que resuelva la justicia.
El primer paso que debe sortear el recurso del abogado penquista es la admisibilidad, lo que podría resolverse este martes. En caso de dar luz verde a la tramitación, la Corte tendría que pedir informe a la Asociación de Funcionarios del Registro Civil e incluso a la Seremi de Justicia, de la que depende el servicio movilizado.
