La bancada de diputados de la UDI envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permite interpelar al Presidente de la República, al Contralor y a los intendentes. Los parlamentarios buscan subsanar la falta de coordinación que a su juicio existe entre el Ejecutivo y los intereses de la ciudadanía.

La jefa de bancada de diputados de la UDI, María José Hoffman, mediante un comunicado, afirmó que la iniciativa se fundamenta en que “todos los chilenos tienen el legítimo derecho de conocer sobre el trabajo realizado por sus autoridades y exigir resultados”.

Para el diputado Felipe Ward, la iniciativa es fundamental si se considera la falta de coordinación que existe, a su juicio, entre el Ejecutivo y los intereses de la ciudadanía.

Según Ward, el mecanismo de la interpelación es de mucha utilidad, pues permite que el Ejecutivo responda, frente al parlamento, los requerimientos que se realizan de parte de la ciudadanía.

El diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, respaldó parcialmente la propuesta de la oposición. Según el parlamentario, miembro de la comisión de Constitución, incluso él no se opondría a la idea de impulsar interpelaciones mensuales al gabinete.

Sin embargo, Andrade aseguró que la idea de interpelar al Presidente de la República aún no lo convence.

El diputado de la UDI, Arturo Squella, aseguró que la interpelación a intendentes es de gran utilidad. Según el parlamentario, por ejemplo, hubiese sido más lógico interpelar al intendente de La Araucanía en vez de cuestionar al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando se buscaba encontrar respuestas del Ejecutivo sobre los hechos de violencia en esa región.

Actualmente, sólo los ministros de Estado pueden ser sometidos a una interpelación, siempre y cuando un tercio de la Cámara de Diputados respalde la idea.

Con la reforma propuesta, esta herramienta se extiende a los intendentes y al Contralor, mientras que en el caso de los mandatarios se establece que únicamente podrán ser citados cuando exista un quórum de al menos tres quintos de los parlamentarios en ejercicio.