La Corte Suprema ratificó el fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que concedió el beneficio de la libertad condicional a los internos del Penal de Punta Peuco Miguel Muñoz Uribe y Alejandro Saez Mardones, este último condenado a presidio perpetuo en el denominado caso Degollados.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Rodrigo Correa y Arturo Prado ratificaron la decisión del tribunal de alzada capitalino que el 10 de julio pasado acogió un recurso de protección a favor de los reos.
La sentencia confirma en todas sus partes la resolución que determinó que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago actuó de manera “ilegal y arbitraria” al no conceder el beneficio a los internos, pese a que cumplían con los requisitos para acceder a la prerrogativa.
La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Egnem sólo respecto del interno Saez Mardones al considerar que el informe psicológico de este condenado da cuenta de la ausencia en la conciencia del daño causado.
Romy Rutherford, quien había rechazado el beneficio para Sáez por considerar que los exámenes sicológicos entregados por Gendarmería de Chile indicaban que el imputado “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado”.
Saez, ex carabinero, cumple 22 años de su pena a presidio perpetuo como uno de los responsables en los crímenes de José Manuel Parada, Santiago Natino y Manuel Guerrero ocurridos a fines de la dictadura.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados degollados y con signos de tortura, el 30 de marzo de 1985, en el camino a Quilicura, frente al fundo «El Retiro».
Nattino fue abordado por personal de la Dicomcar el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados al día siguiente desde las puertas del Colegio Latinoamericano, en la avenida Los Leones.
