La crisis de confianza que afecta a la política en el marco de los últimos casos judiciales en los que se han visto involucrados diferentes personeros, no es algo nuevo. En la región del Bío Bío, algunos políticos -que han pasado o siguen en la primera línea- se han visto envueltos en problemas judiciales que en su momento podrían haber dado luces de los grandes conflictos que se avecinaban.

René Carvajal

El actual seremi de Obras Públicas, René Carvajal (PS), fue investigado en 2014 por el supuesto uso de testigos falsos para evitar el pago de una indemnización al ex jefe de gabinete del senador Alejandro Navarro (MAS).

Recordemos que Patricio Sáez se querelló contra Carvajal por injurias y calumnias, luego de que en un programa de televisión se le tratara de drogadicto y traficante.

El ex alcalde de Coronel, consultado sobre esta materia, aseguró estar tranquillo ya que la sentencia fue favorable a él.

Marcelo Rivera

Si de alcaldes se trata, otro que lleva varios años paseando por los Tribunales de Justicia, es el ex jefe comunal de Hualpén, Marcelo Rivera.

El ex militante PPD, fue condenado en 2013 por los delitos de corrupción de fraude al fisco y cohecho a 3 años de cárcel, con beneficio de remisión condicional. Además quedó con inhabilitación perpetua para ejercer como alcalde y al pago de $108 millones de pesos al Estado.

En la actualidad, Rivera solicitó al Juzgado de Garantía de Talcahuano dejar sin efecto la millonaria multa impuesta, pero la petición fue rechazada.

Por lo tanto, deberá pagar lo adeudado más intereses y reajustes, en una cifra que podría llevar a los $120 millones. El monto definitivo será fijado el próximo 12 de agosto.

Jacqueline van Rysselberghe

Uno de los casos más emblemáticos, es el de la actual senadora Jacqueline van Rysselberghe. Fue el propio Consejo de Defensa del Estado el que se querelló contra la parlamentaria por un presunto fraude al fisco, eventual malversación de caudales públicos y contratación de personas para fines distintos a los asignados.

A esto se sumaría el supuesto uso de recursos municipales para la campaña del hoy diputado Enrique van Rysselberghe, quien es hermano de la senadora.

De los 15 delitos que se le imputaron, hay tres abiertos y pendientes por los que la senadora podría ser formalizada.

Van Rysselberghe rechazó dar declaraciones, argumentando que podría obstaculizar el proceso que se lleva adelante.

Rosauro Martínez

En tanto, el diputado desaforado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, es otro de los involucrados en este verdadera telaraña que cruza a la política con los Tribunales de Justicia.

El ex legislador está siendo investigado por su eventual responsabilidad en el caso Neltume, donde se le acusa del asesinato de 3 integrantes del MIR en 1981.

Hoy, pese a estar desaforado y no ejercer labores, sigue recibiendo su dieta parlamentaria, cercana a los $6 millones de pesos.

Tras múltiples intentos por obtener su versión e información sobre su situación judicial actual, cercanos a Martínez señalaron que “no le importa absolutamente nada, está convencido de su inocencia y le da exactamente lo mismo lo que la opinión pública piense de él”.

Marcelo Chávez

Por otra parte, el Demócrata Cristiano, Marcelo Chávez, protagonizó el año pasado un accidente vehicular en el que abandonó el lugar de los hechos, situación que generó un proceso en el que hoy se investiga si conducía en estado de ebriedad.

Cabe destacar que Chávez tiene otra causa por conducción bajo los efectos del alcohol en el año 2008, en un proceso donde quedó sobreseído.

El parlamentario del distrito 45 de la región del Bío Bío rechazó referirse al proceso por el que atraviesa.

Claudio Eguiluz

En tanto, el consejero regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz (RN), actualmente está siendo investigado por eventuales delitos tributarios en el marco del caso SQM.

Eguiluz habría recibido pagos periódicos por supuestas asesorías en una suma total de 1$20 millones aproximadamente.

A su vez, se indaga sobre presuntas boletas falsas que habría pedido emitir a funcionarios Junji por un monto de $450 millones de pesos.

Los presuntos delitos, se habrían materializado cuando ejercía el cargo de vicepresidente de Renovación Nacional.

Durante los próximos días, Eguiluz será formalizado y también se negó a entregar información de su situación judicial.