Para este martes se espera que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago entregue su veredicto respecto a si diez ejecutivos de las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada son culpables o no de los delitos de alteración fraudulenta de precios de 220 medicamentos.
Si bien en 2012 el Tribunal de Libre Competencia condenó a las cadenas al pago de millonarias multas por su responsabilidad en la colusión acontecida entre los años 2007 y 2008, las imputaciones realizadas ahora por el fiscal Centro Norte, Jaime Retamal, son por una figura penal diferente.
En este contexto el Ministerio Público -en más de tres meses de juicio- presentó pruebas de cargo como los correos entre los ejecutivos que daban cuenta de un “acuerdo” entre las partes.
Éste consistía en que una de las tres cadenas tenía que iniciar las alzas de precios, para ser replicados -con un día de separación- por las otras farmacias en un sistema que se describió como “1-2-3”.
El valor de las evidencias fue resaltado por el persecutor Retamal ante el Tribunal durante los alegatos de clausura realizados la semana pasada, en que subrayó la importancia que los sentenciadores lleguen a la convicción que los ilícitos existieron.
Las defensas en este caso han reiterado la equivocación que existe al llevar el tema de la colusión de las farmacias a una sede penal, sobre todo después de la sanción ordenada por el Tribunal de Libre Competencia.
