La Cámara de Diputados aprobó con 97 votos a favor, en tercer trámite constitucional, el proyecto que crea las Universidades estatales para las regiones de O’Higgins y Aysén, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley.

De esta manera, las casas de estudios superiores serán instituciones que asumirán la labor de formar profesionales y contribuir al desarrollo cultural y social de estas zonas, las que además integrarán a estudiantes provenientes de diferentes puntos, por lo que deberán considerar las necesidades específicas de las regiones “a través, por ejemplo, de programas de ingreso especial, lo que podrá establecerse en la reglamentación interna de la universidad”.

Entre las características y labores que cumplirán, se encuentra la realización de “funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan”, como también podrán tomar en cuenta el “desarrollo y la formación en las disciplinas técnicas y a la capacitación”.

La normativa establece que entre sus principios estará la libertad de expresión, participación de sus miembros en la vida institucional, excelencia académica, la equidad y la valoración del mérito como criterios de ingreso y la formación de personas en la ética, espiritualidad, lo cívico, además del respeto al medioambiente y los derechos humanos, entre otras características.

Con el fin de apoyar la puesta en marcha de las universidades y en el momento en que sea aprobado el proyecto, el fisco aportara recursos para gastos de arriendo y operación para iniciar las actividades de conformación de las nuevas instituciones, los que se estiman alcanzarán un costo mensual de 65 millones de pesos por cada casa de estudios.

“En el futuro, en la Ley de Presupuestos correspondiente a los tres primeros años de actividad, se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción, y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades. Se estima que ello representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una”, informa la Cámara de Diputados.

En cuanto a la acreditación de las instituciones, el Senado incluyó la norma para que desde el nombramiento del rector y en el plazo máximo de siete años, las universidades se sometan al proceso que garantizará su calidad de educación.

La presidenta tendrá un periodo de 30 días, una vez el proyecto se transforme en ley, para nombrar a las autoridades de las casas de estudios superiores, así como un año para dictar los estatutos “a propuesta del rector respectivo. En esta propuesta se incluirá la fecha en que ambos planteles empezarán a funcionar”.

“La universidad se someterá a una evaluación de su gestión institucional en el plazo de cuatro años desde el nombramiento del primer rector. Esta evaluación será realizada por la Comisión Nacional de Acreditación, o el organismo que la reemplace, y considerará como criterios de calidad, entre otros, la existencia de al menos un programa académico que permita a sus estudiantes continuar estudios en otras instituciones de educación superior, y de un programa de pregrado que se desarrolle completamente en la región y que tenga pertinencia con los potenciales regionales”, explican.