Un allanamiento simultáneo a oficinas de Endesa en Santiago y Coronel efectuó la Fiscalía, esto en el marco de la arista criminal contra la termoeléctrica Bocamina, denunciada como fuente de contaminación por pescadores artesanales y algueras de la caleta Lo Rojas.
La diligencia fue ordenada por la fiscal Ana María Aldana, quien investiga desde el año 2012 la eventual comisión de delitos medioambientales generados por el funcionamiento de la central térmica de Endesa.
Los allanamientos, según confirmó el Ministerio Público, tenían por objetivo la incautación de documentos e información relevante para la indagatoria, y estuvo a cargo de personal de la Brigada Medioambiental de la PDI.
Para la abogada Paula Villegas, representante de la Confepach, la diligencia podría desprenderse de los resultados de la última pericia ordenada por la fiscal Aldana.
El año pasado, un primer informe de la PDI detectó una alta concentración de mercurio y plomo en el suelo y subsuelo de Coronel y Lota. Mientras que el peritaje molecular, cuyo resultado ya lo tendría la Fiscalía, busca determinar si esas sustancias provienen efectivamente de Bocamina.
Querellante en el proceso es el abogado Sebastián Inostroza, quien cree que tras dos años de investigación desformalizada, ya hay antecedentes para la formalización de ejecutivos de la generadora.
Hasta la central termoeléctrica llegó el dirigente de los artesanales, Luis Morales, quien adelantó que pedirán a la fiscal Aldana extender la indagatoria a un posible cuasidelito de homicidio, debido a la contaminación por asbesto que estaría afectando a trabajadores de la unidad 1 de la termoeléctrica.
Cabe destacar que la arista criminal es paralela a las acciones civiles, una de las cuales mantiene paralizada Bocamina 2 desde diciembre de 2013, mientras que un proceso administrativo de la Superintendencia del Medio Ambiente multó a Endesa con 4 mil 500 millones de pesos por la operación de la termoeléctrica sin los permisos ambientales.
Endesa asegura colaborar con la justicia
En tanto, a través de un comunicado, la empresa señaló que la diligencia se realizó con la “entera colaboración” de los trabajadores de la empresa, quienes facilitaron “toda la información y documentación solicitada”.
“Tratándose de una fase preliminar en la etapa de investigación, ENDESA CHILE reitera su total política de transparencia sobre este tema, del mismo modo que asegura haber cumplido de manera estricta con todas las reglamentaciones y normas jurídicas vigentes, lo que hará valer en la etapa judicial correspondiente, si ésta se llevara a cabo”.
