Durante la mañana de este martes la fiscalía de Rancagua continuará con los interrogatorios que se realizan en el marco de la investigación penal por el caso Caval, debido a la compra de terrenos del proyecto Machalí y las posibles irregularidades que pudiesen existir en torno a este negocio.
Esta mañana comenzó la declaración de Sergio Bustos, ex operador que mantiene una demanda laboral con Caval, pues según asegura se le adeudan pagos de sueldos, bonos y beneficios por haber conseguido el millonario crédito de $6.500 millones que el Banco de Chile, tras una gestión entre Andrónico Luksic, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, entregó a la empresa que esta última comparte con Mauricio Valero.
En el lugar Bustos habló con la prensa y aclaró los correos que hablaban de “el gran jefe” y que nombraran a “Insulza” y “Francisco Vidal”, asegurando que esos eran inventos del ex funcionario de Caval, Victorino Arrepol.
Recordemos que esta investigación se inició luego de que el Tribunal de Garantía de Rancagua acogiera a trámite una querella por violación de secreto y negociación incompatible interpuesta por los diputados de RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.
En esta acción legal se busca determinar eventuales ilícitos que podrían haber cometido el seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés, el ex director de la municipalidad de Machalí Jorge Silva, la arquitecta Cinthia Ross, además de Sebastián Dávalos, ex director Sociocultural de la Presidencia.
Según el texto legal, el objetivo es determinar si hubo tráfico de influencias o uso de información privilegiada en el millonario negocio de la empresa Caval por parte de los funcionarios públicos mencionados.
Pero eso no es todo, pues durante la primera semana de marzo, la empresa Silca, perteneciente a Hugo Silva, interpuso una querella por estafa tras haber pagado $9.500 millones por los terrenos del proyecto Machalí a Caval, con dinero que también fue obtenido a través de un préstamo del Banco de Chile,
Esta medida buscaba frenar el pago de un cheque por 2 mil millones de pesos que es parte del monto total, que finalmente fue incautado por orden del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo.
La compañía de Silva señala que pagó la millonaria cifra por los predios con la certeza de que luego del cambio en el uso de suelo de la comuna podría levantar un proyecto inmobiliario habitacional o comercial. No obstante, al poco tiempo de concretar el negocio, se destapó el denominado Caso Caval, que puso en entredicho la gestión privada y pública de Compagnon y su esposo, quien renunció a su cargo en la dirección sociocultural de la presidencia producto del escándalo.
Los trámites continuarán esta semana, con las declaraciones de Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon durante la jornada del miércoles, y la de Herman Chadwick durante la tarde del jueves.
