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Toma fuerza la intención de efectuar eventual acuerdo político transversal tras denuncia del SII
Publicado por: Néstor Aburto
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Tras la segunda denuncia presentada la semana pasada por el Servicio de Impuestos Internos -que comprometió transversalmente a políticos en el Gobierno, oficialismo y oposición- comenzó a tomar fuerza la intención de llegar a un acuerdo político. Algunos, de forma reservada, piden que sea incluida una cláusula de amnistía a los indagados, mientras que otros esperan se refuerce la institucionalidad.

Un acuerdo pol√≠tico, parecido al que se logr√≥ bajo el gobierno del ex presidente Ricargo Lagos, vuelve a rondar en la clase pol√≠tica, en especial en el Congreso. Lo cual tom√≥ a√ļn m√°s fuerza el pasado jueves cuando el Servicio de Impuestos Internos denunci√≥ a los responsables de la empresa Soquimich, que controla el ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce, por haber recibido documentos tributarios falsos por $4.340. millones.

Monto que se suma a los $1.360 millones que objet√≥ el ente tributario el 24 de marzo pasado. Todo en la indagatoria por financiamiento a pol√≠ticos de forma irregular v√≠a – seg√ļn la investigaci√≥n conocida – boletas ideol√≥gicamente falsas.

En ambas denuncias se establecen vínculos con actores políticos de forma transversal por medio de posibles triangulaciones con familiares, secretarias, amigos o incluso fundaciones que regularmente apoyan a uno u otro sector.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el jueves, cuando dentro del detalle de las boletas consideradas sin respaldo a casi 200 personas estaban empresas ligadas a Sebasti√°n Pi√Īera, al ex candidato Pablo Longueira, a los hijos del senador y pr√≥ximo presidente DC Jorge Pizarro, a la directiva del PRI – incluyendo su presiente -, ex candidatos y partidos pol√≠ticos como RN, entre otros.

Escenario que ha desatado una crisis interna primero en la Alianza por el caso Penta, pero ahora en la Nueva Mayor√≠a y el Gobierno, al cuestionarse boletas -por ejemplo- del director de Sernageomin, Rodrigo √Ālvarez Seguel, y del embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes, en su calidad de responsable el 2013 de una consultora que factur√≥ millones a la empresa SQM, pero en especial Giorgio Martelli, recaudador de las campa√Īas de la presidenta.

Frente a este escenario y claramente asumiendo que ya está instalado el tema al interior de La Moneda, sumado al caso Caval, la presidenta Michelle Bachelet decidió el sábado poner un matiz distinto a lo que había dicho con anterioridad sobre el llamado caiga quien caiga.

La mandataria, al igual que lo hizo el ex presidente de la UDI Ernesto Silva en octubre, ahora salió a pedir que no se linche a las personas que estén mencionadas en estas causas, afirmando que se debe esperar la decisión de la justicia. Eso sí, comprometió que si alguien del gobierno es aludido en la investigación ellos tomaran las decisiones respectivas llegado el minuto.

Declaraciones de la jefa de Estado que fueron valoradas, por no decir aplaudidas, el mismo s√°bado por la UDI y RN. Desde el gremialismo se√Īalaron que pedir que no se linche a los individualizados muestra que la presidenta hab√≠a llegado a la misma conclusi√≥n que llegaron ellos hace 9 meses.

Acuerdo que no a todos acomoda, especialmente que se incluya dentro de esos escritos una cláusula de amnistía, algo que se ha conversado de forma discrecional, es decir en secreto por ahora.

El diputado del Partido por la Democracia, Pepe Auth, afirmó que no es viable un acuerdo político, agregando que quienes pretendan hacer lo mismo que ocurrió durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos están muy equivocados.

Desde Amplitud, la senadora Lily Perez se√Īal√≥ que en casos de corrupci√≥n ning√ļn acuerdo es posible, agregando que la √ļnica posibilidad es que se modifiquen los marcos reguladores actuales, pero que no se puede aceptar un escenario como el ocurrido el 2003.

Desde el Gobierno toman distancia para hablar en p√ļblico sobre estos llamados acuerdo. El ministro vocero de Gobierno, √Ālvaro Elizalde, se limit√≥ a se√Īalar que en su momento la presidenta Bachelet entregar√° una serie de medidas, las que esperan sean ampliamente apoyadas por la mayor√≠a de los sectores pol√≠ticos.

Postura a la que se sumó la Iglesia Católica, tal como se la habían pedido algunos sectores políticos. El cardenal Ricardo Ezzati lo mencionó durante el fin de semana.

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