Los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) pedirán todos los antecedentes para saber, porque la consuegra de la Presidenta Bachelet recibió una de las cinco asignaciones de expertise de la institución.

Las dos agrupaciones de funcionarios de la Junji se refirieron sobre la millonaria asignación que recibió la consuegra de la presidenta Michelle Bachelet y, si bien, reconocieron la legalidad del decreto de expertise, emanado bajo la dictadura de Augusto Pinochet, dijeron que carece de legitimidad de las bases.

La presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), Julia Requena, recalcó que se sienten discriminados, pero a la vez reconoció que Margarita Soto es una funcionaria que ha sido bien evaluada en tres gobiernos distintos.

Requena agregó que las asignaciones son legales, pero dijo que en algunos casos se desconoce quien las asigna.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Pro Funcionarios Junji (Aprojunji), Cristian San Martín, manifestó su preocupación por el caso de la consuegra de la mandataria.

San Martín dijo que están solicitando información para poder tomar decisiones sobre este tipo de bonos, que podrían repartirse dijo, en otras instancias más vulnerables de la Junji.

Por su parte la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) rompió su silencio y salió a defender a los funcionarios, para separar las aguas entre los trabajadores y los asignados desde los gobiernos de turno.

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, defendió a todos los funcionarios que representa y dijo que las instituciones gubernamentales se han convertido en un botín para dar trabajo a los leales al gobierno de turno.

También criticó al director del Servicio de Impuestos Internos por dilatar la entrega de información a la Fiscalía en el marco del caso Penta.

La ANEF calificó el actual escenario político – judicial como una “crisis política” reiterando que denunciarán y combatirán la corrupción sin importar quien caiga.