El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a través de una declaración al Banco Unificado de Datos (BUD), ello tras los cuestionamientos hacia el Poder Judicial que resolvió no aportar todos sus antecedentes, esgrimiendo el resguardo de la privacidad de las personas.

En enero de 2014 el gobierno de Sebastián Piñera lanzó este instrumento, cuyo objetivo es la integración de la información aportada por instituciones que participan en el combate de la delincuencia, entre ellas, Carabineros, PDI, Gendarmería, Ministerio Público, Poder Judicial, Sename, Ministerio de Justicia, Registro Civil y Subsecretaria de Prevención del Delito.

Ante la solicitud de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien lleva a delante el BUD, de entregar el RUN de las personas como un descriptor de búsqueda, el Poder Judicial mostró su negativa, expresando que siguen y cumplen las disposiciones constituciones y legales.

A partir de ello Muñoz señaló que como organismo “por razones de transparencia y acceso a la información pública ponen a disposición de la comunidad todos los antecedentes relacionados con los procesos judiciales”, pese a ello existen ciertos datos calificados como personales y sensibles que no pueden ser entregados. Una medida que también será aplicada en la página web del Poder Judicial para evitar búsquedas masivas utilizando el nombre o número de cédula de identidad, como una forma de no crear una especie de Dicom Judicial.

El presidente de la Corte Suprema indicó además que se hizo saber al subsecretario de Prevención del Delito y sus asesores jurídicos e informáticos, que el BUD “ha sido desarrollado con determinadas particularidades que operativamente no lo posesionan en un nivel acorde a los avances actuales de la tecnología”, instancia en la cual se le habría señalado que “este proyecto fue desarrollado y licitado por el gobierno anterior, correspondiéndole al actual gobierno solamente implementar su ejecución”.

Pese a ello, el Poder Judicial ratificó que continuará prestando su máxima colaboración a todas las autoridades del Estado, sean públicas o privadas, “contribuye al bien común, a la paz social y al fortalecimiento de la democracia, con la debida transparencia y pleno respeto de la Constitución, las leyes y la vida privada de las personas”.