Continúan las movilizaciones de estudiantes de universidades privadas por las alzas de sus aranceles, llegando en algunos casos al 7 por ciento más para el próximo año.
Esta alza también se replica en planteles estatales, quienes acusan poco apoyo para compensar aumentos en gastos como el reajuste a sus funcionarios, el que se regula por la ley de aumento en sueldos de empleados fiscales.
Desde el Gobierno descartaron poder colaborar ante esta situación. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, recordó que recién en 2015 se tramitará todo lo relacionado a gratuidad y estudio de los aranceles universitarios, estando imposibilitado de hacer algo en torno al alza para el próximo año.
Los estudiantes de las universidades Andrés Bello, Diego Portales, Católica Silva Henríquez y Central, por su parte, se declararon en estado de alerta ante el alza anunciada para el próximo año.
Una de las más fuertes podría registrarse en la Universidad Diego Portales, llegando hasta el 7 por ciento para algunos alumnos, situación que según la vicepresidenta electa de la Federación de Estudiantes de ese plantel, Valentina Galindo, podría llevar a la deserción de algunos alumnos.
La situación más grave se vive en la Universidad Católica Silva Henríquez, quienes desde hace tres semanas permanecen en toma. La vocera de esta ocupación, Natalia Véliz, dijo que este alza de arancel no se condece ni con el perfil socioeconómico de sus estudiantes, ni con la imagen que proyecta el plantel.
Sin embargo, el vicerector de Administración y Finanzas de esa casa de estudios, Guillermo Escobar, manifestó que el plantel ya hizo un esfuerzo al reducir el alza desde un 7,6 a un 6,9 por ciento, descartando de plano la opción de congelar el arancel.
Este escenario se repite también en las universidades tradicionales. El rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Jaime Espinosa, su plantel al menos aumentará el arancel en torno al 5,1 por ciento de IPC registrado al mes de noviembre.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que al alza del IPC se suma la nula ayuda del Estado para financiar el reajuste salarial de sus funcionarios, regulado por ley al ser ellos empleados públicos, y que alcanzó este año el 6 por ciento.
De momento, son pocas las señales emitidas por los directivos de las universidades en torno a disminuir o congelar las alzas de sus aranceles.
En casos más graves, como el de la Universidad Católica Silva Henríquez, se ha exigido el fin de la toma para continuar con el diálogo, hecho descartado por completo por los estudiantes movilizados.
