En Osorno la presidenta de nacional de la Unión de ex Prisioneros Políticos, Nely Cárcamo, se refirió a la ratificación de sentencia que realizó la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al Fisco a pagar 4.500 millones de pesos a 30 ex prisioneros políticos del Centro de Detención de Isla Dawson en la región de Magallanes, quienes estuvieron recluidos entre septiembre de 1973 y 1974.
Cárcamo señaló que los jueces plantean la necesidad de encontrar una solución definitiva a estos casos mediante la vía legislativa.
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La dirigente osornina señaló que esto confirma una lucha jurídica que por casi 14 años vienen planteando, y que la justicia hoy ratifica la necesidad de que la clase política de una señal para legislar y con ello definir indemnizaciones integrales e igualitarias, para terminar con la disparidad de criterios que muestran una serie de otros fallos.
Carcamo indicó que una definición en materia legal para casos de violaciones a los derechos humanos, además de dar justicia a las víctimas, terminaría con el desfile de reproches de tribunales internacionales al país.
Lo anterior dado que hay cortes extranjeras que validan las causas que internamente son desestimadas o niegan reparaciones, cuantificando que actualmente hay cerca de 40 mil personas que esperan respuesta al estar reconocidas por la comisión Valech que -según la misma justicia- sólo han recibido “atenciones” por haber sido violentadas por el Estado pero que no tienen carácter de indemnización
