El Gobierno alista para los próximos días la presentación de un proyecto de ley, que fija un nuevo modelo de financiamiento de la política, en especial para las campañas electorales.
La iniciativa, encabezada por el ministerio Secretaría General de la Presidencia y cuyo borrador fue revelado por el diario El Mercurio, se enfoca en cuatro áreas: equidad, transparencia y control de conflictos de interés, restricciones de campaña, y nuevas atribuciones al Servicio Electoral (Servel) para fiscalizar.
El primer ítem, que busca la mayor equidad en la política y campañas, incluye aportes estatales basales y trimestrales para los partidos e incrementar los recursos para las colectividades al inicio de las campañas.
En esto se incluye que sólo personas naturales puedan entregar dinero de forma transparente al candidato, prohibiendo que empresas entreguen recursos monetarios a candidatos.
En tanto, las restricciones de campaña serían prohibición de colocar propaganda en espacios públicos, establecer franjas gratuitas en radio y regular la publicidad en prensa escrita.
Además, el ministerio propone que se conforme un registro de proveedores para campañas, lo que sea transparentado en sitios web.
Respecto a la propuesta, la ministra Ximena Rincón recalcó que el proyecto aún está en etapa de borrador, ya que no ha sido aprobado por la presidenta Michelle Bachelet. Pese a ello, reconoció que los cuatro ejes ya mencionados estarán incluidos en la propuesta final.
El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, fue más cauto sobre el contenido de la legislación, y aseguró que se conocerá de forma oficial cuando la mandataria firme el documento y lo envíe al Congreso.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el presidente y diputado Ernesto Silva rechazó algunas propuestas del proyectos.
En ese sentido, el parlamentario calificó como un error el terminar con los aportes de las empresas.
Recordemos que el financiamiento de empresas a políticos ha estado en la mira de la opinión pública en los últimos meses, tras darse a conocer casos como el del grupo Penta, que estaría siendo investigado por presuntos aportes irregulares a candidatos.