El aumento sustantivo del número de familias localizadas en el área de influencia del embalse Punilla fue uno de los principales fundamentos expuestos esta mañana ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, para pedir que se deje sin efecto la autorización ambiental del proyecto.
El abogado de la corporación ambiental Fima, Diego Lillo, abrió los alegatos de la causa en representación del municipio de San Fabián de Alico, que pide revisar la RCA obtenida el 2009 por el Ministerio de Obras Públicas para construir el embalse destinado a riego en la provincia de Ñuble.
Ante los ministros del tribunal especializado y que tiene jurisdicción en todo el sur del país, el jurista se refirió a la alteración significativa que ha tenido la línea de base del proyecto desde hace 10 años cuando se presentó el Estudio de Impacto Ambiental, pero también a los efectos negativos del proyecto para el desarrollo de la comuna.
Según los reclamantes, el 2002 había 43 familias en el área de influencia del proyecto, que el 2009 aumentaron a 68, y posteriormente a 372 cuando el Punilla fue calificado ambientalmente. Esto, sumado al riesgo geológico por daños que generó el terremoto, el riesgo volcánico de la zona y la declaración de Reserva de la Biósfera.
Sin embargo, para el Consejo de Defensa del Estado, los beneficios del proyecto son innegables para la zona de la cuenca del río Ñuble. Así lo manifestó a su turno el abogado Mauricio Flores.
También participó en los alegatos el abogado Javier Naranjo, del Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Bío Bío, que defendió la negativa revisar la calificación ambiental del embalse Punilla. A contar de ahora, el tribunal tiene 30 días para emitir un pronunciamiento.