Pese a llenar páginas en diarios, a que existen leyes específicas y a la facilidad en calificar con este término algunos hechos, expertos coinciden en que el concepto de “terrorismo” carece de una definición universalmente aceptada y por ello, los estados pueden caer en sanciones arbitrarias hacia movimientos sociales u opositores al gobierno.
La Real Academia Española plantea tres definiciones: “Dominación por el terror”; “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”; y en su última edición agrega “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Pero la autoridad de la RAE en el lenguaje no alcanza para un consenso.
Fue durante la Revolución Francesa cuando se escuchó el término por vez primera. Luego, los revolucionarios rusos debatían sobre el terror como táctica y su uso desde el poder. Más tarde, la propaganda nazi llamaba “terroristas” a quienes luchaban contra su avance y desde los ’60, las dictaduras latinoamericanas, junto al gobierno de Estados Unidos, calificaron de “terroristas” a los distintos grupos armados de oposición, quienes a su vez, denunciaban los crímenes del “terrorismo de Estado”.
El peligro “revolucionario” en dictadura
Archivo
La Constitución Política sentencia en su artículo noveno que el terrorismo “es por esencia contrario a los derechos humanos”, y en 1984 aparece la actual “Ley Antiterrorista” que fijó las cuáles serían las “conductas terroristas”, en una época en que recrudecían las acciones armadas de grupos opositores a la dictadura.
El anteproyecto de esta norma planteaba que “los terroristas” estaban usando medios “atroces o crueles” para crear pánico en la población con “fines subversivos o revolucionarios”, y por ello “todo crimen o simple delito puede tener el carácter de terrorista”.
Con esa base, la ley hasta hoy establece que un hecho es terrorista cuando tiene “la finalidad” de producir en la población “el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”. Pero ¿cómo se comprueba dicha “finalidad”? Según el texto legal, se puede justificar por los medios empleados, por ser parte de un plan premeditado de atentar contra un grupo de personas, o porque busca arrancar decisiones de la autoridad.
El intento de limitar la ley
Bomba en SubCentro | Agencia UNO
El gobierno de Michelle Bachelet busca acercarse a una mejor definición y en las modificaciones enviadas al Congreso, plantea que un delito es terrorista cuando se comete necesariamente de forma organizada y apunta contra “la libertad, la salud pública, la vida humana independiente o la integridad física”. Esto, con el fin de “socavar o destruir” el orden institucional, imponer exigencias a la autoridad, afectar al orden público o “infundir temor generalizado de pérdida de derechos fundamentales”.
En el mismo texto, el Ejecutivo critica que hasta ahora se pueda calificar como terrorista el solo daño a bienes, sin que se presenten elementos como “el desprecio de la vida humana”, o “poner en peligro el orden constitucional”. Para el Gobierno, aquellos son delitos comunes y así lo ha manifestado al no invocar esta ley frente a ataques incendiarios en La Araucanía, por ejemplo.
Para la oposición, estos cambios están lejos aclarar qué es y qué no es terrorista. Incluso empeoran la ambigüedad, según señaló el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards.
“La ley actual requiere de verificar el delito y el ánimo de generar temor y la nueva ley no sólo requiere de verificar el delito, sino también el ánimo y también la pertenencia a una asociación criminal, que es un nuevo estándar probatorio que va a hacer mucho más difícil que finalmente se establezcan condenas con esta ley”, dijo Edwards.
Alianza: el terrorismo es “eminentemente político”
Agencia UNO
En septiembre parlamentarios de la Alianza presentaron 25 propuestas para reformar la Ley Antiterrorista. En el documento se considera el terrorismo “una estrategia” que surge como “una respuesta violenta a una forma de estructurar la sociedad, que el terrorista considera -a partir de una inspiración ideológica- como ‘hegemónica’”.
Agregan que “los actos terroristas son eminentemente políticos, y a pesar de que a juicio de la opinión pública puedan ser comprendidos como irracionales o patológicos, están lejos de serlo en su real dimensión. La estrategia de infundir terror en la población puede ser vista como un movimiento racional dentro de su acción colectiva”.
Por otro lado, la propuesta coincide con la idea oficialista de que un delito terrorista se diferencia de uno común en que afecta “la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas”, excluyendo también el daño a bienes. Sumado a ello -y ahora tomando distancia del proyecto de Gobierno-, la Alianza plantea que un acto, para ser considerado terrorista, debe provocar terror “como efecto” y no quedarse en una supuesta intención o “finalidad”.
La lección mapuche
Lonko Pichún murió tras cumplir la condena | Adkimun
Tanto Gobierno como oposición consideraron la reciente condena que recibió Chile desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sentenciar a ciudadanos mapuche presumiendo que cometieron actos terroristas solo por usar “elementos incendiarios”. Tal “presunción” de terrorismo fue sacada de la ley recién en 2010.
Se trataba del emblemático caso del incendio en el fundo Poluco-Pidenco, en Ercilla, hecho por el que se condenó a 8 mapuche, cuyo entorno denunció desde 2003 -y contando- los vicios de la Ley Antiterrorista y la discriminación de que eran objeto. Reclamos que la CIDH recogió este año al considerar que en aquellas sentencias se usaron “razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”.
Y es que la nebulosa concepción de “terrorismo” permite estas arbitrariedades. El analista Raúl Sohr recuerda a Nelson Mandela y Menahem Begin, “terroristas” que recibieron premios Nobel de la Paz, para graficar el problema: La definición de terrorismo “dependerá de qué lado de la barricada está el observador. Lo que para unos es un terrorista, para otros es un luchador por la libertad”.
