Autoridades indígenas del oeste de Colombia, que cuentan con la venia del gobierno nacional, se preparaban este viernes para juzgar el fin de semana a siete presuntos guerrilleros de las FARC por el asesinato de dos miembros de su comunidad.

Gabriel Paví, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACINC), dijo a la AFP que una asamblea de unos 5.000 miembros de los resguardos indígenas del municipio de Toribío, departamento del Cauca, tiene previsto debatir el domingo durante unas seis horas si los guerrilleros capturados son culpables y, en tal caso, decidirá una sanción.

“Una comisión investigadora va a presentar un informe a las autoridades de los cabildos. Las autoridades lo ponen a consideración de la asamblea y ella determina el remedio a aplicar a cada uno de los que han sido capturados”, aseguró Paví.

Según las autoridades colombianas y testigos, los detenidos por la muerte de los líderes indígenas nasa, principal etnia de la zona, también conocida como paez, integran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal grupo insurgente del país.

Los presuntos guerrilleros habrían atacado a los dos indígenas el miércoles, luego de que éstos retiraran una valla alusiva al fallecido jefe de las FARC, Guillermo León Sáenz (“Alfonso Cano”), abatido en 2011.

Paví dijo que “los guerrilleros uniformados y con fusil” fueron capturados ese mismo día y que “todos son indígenas, algunos del mismo resguardo” al que pertenecían los muertos.

Entre las penas contempladas están el “fuete (látigo), la exclusión del territorio, el trabajo forzado o la reclusión en centro penitenciario”, añadió el líder indígena, quien explicó que como los hechos ocurrieron en territorio aborigen es la justicia de esa comunidad y no la ordinaria la que decide la sanción contra los acusados.

 ”Dos justicias reconocidas”

En Colombia “hay dos justicias reconocidas: la ordinaria y la indígena. Nosotros aplicamos justicia desde el derecho propio. Lo que nosotros hagamos, no lo puede volver a hacer la justicia ordinaria”, aseguró Paví.

La Constitución colombiana brinda a las autoridades de los pueblos indígenas jurisdicción sobre su propio territorio, salvo si sus funciones contravienen la Carta Magna o las leyes del país.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo este viernes a periodistas que “una vez esa justicia indígena opere, tiene que operar el estado de derecho y esa gente tiene que pagar por el delito de asesinar a dos personas”.

Asimismo, el ministro tildó de “valiente” la aprehensión de los guerrilleros por parte de los aborígenes.

Por su parte, la delegación del gobierno colombiano en los diálogos de paz que se desarrollan en Cuba con las FARC, emitió este viernes un comunicado repudiando el asesinato de los indígenas.

“Nada justifica la muerte y ataque de estos miembros de la guardia indígena que, inermes, quisieron retirar una valla que a todas luces resultaba agresiva y violenta para su comunidad”, dijo la delegación en el texto.

“Es inadmisible que mientras avanzamos en las conversaciones en La Habana para terminar el conflicto en Colombia, las FARC continúen atacando a la población civil de esta manera”, añadió.

Las FARC y el gobierno colombiano adelantan diálogos desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin al conflicto armado que azota al país desde hace medio siglo, pero sin que se haya decretado un cese al fuego en Colombia.

La población indígena en Colombia alcanzaba unos 1,4 millones en 2005, según las últimas cifras oficiales.