La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) demandó este jueves a la caja de compensación Los Héroes, por presuntas cláusulas abusivas en los contratos para otorgar créditos sociales.

Según denunció la agrupación, la acción judicial se debe a que la empresa solicitaría a sus afiliados firmar documentos en blanco al pedir un crédito, autorizándolos a llenar el pagaré.

Una vez que tendrían estos documentos, la organización acusa que Los Héroes determina la fecha de emisión y vencimiento del pagaré, el monto del dinero a pagar, los intereses y el número de cuotas, información que en algunos casos sería distinta a lo previamente acordado con el deudor.

Odecuo agregó, por medio de un comunicado, que los créditos en su mayoría serían solicitados por personas de tercera edad de bajos recursos. Los préstamos serían aproximadamente de $300.000, a cancelarse en cuotas mensuales de cerca de $10.000 durante 36 meses, lo cual es descontado de las pensiones.

“Sin embargo, de acuerdo a las liquidaciones emitidas por Los Héroes, aunque los valores de los créditos otorgados y las cuotas de pago son similares a lo pactado entre las partes, los plazos establecidos posteriormente por la caja difieren ampliamente del acuerdo. Éstas superan largamente las 36 cuotas, llegando incluso a los 84 meses. Siguiendo el ejercicio anterior: si la cuota de un crédito de $300.000 es de $10.000, el monto final a pagar por el cliente es de $840.000“, aseguraron.

El presidente de Odecu, Stefan Larenas, sostuvo que “estas condiciones no fueron debidamente informadas y comprendidas por los afiliados (…) Resulta irracional que los clientes estuvieran dispuestos a pagar durante siete años por un crédito de tan bajo monto inicial”.

Con esta demanda ante tribunales, la agrupación pide que se declare la nulidad de los créditos sociales que habrían sido afectados con el supuesto procedimiento irregular.

En esa línea, también exigen “la cesación de cobros de cuotas más allá de las 36 cuotas originalmente pactadas. Además, que condene a Los Héroes al pago de la multa máxima a beneficio fiscal (50 UTM), por cada caso que se acredite la infracción o cobro abusivo; la devolución de los dineros a los afectados, con reajustes e intereses; se condene a la demandada al pago de otras indemnizaciones o reparaciones; entre otras sanciones”.

Pese a que la demanda es civil, Odecu señaló que estudian la posibilidad de presentar una querella criminal contra quienes sean responsables de las presuntas irregularidades.