La Unidad Regional Antinarcóticos (URAN) de la Fiscalía Regional de Valparaíso obtuvo penas efectivas de hasta 15 años de cárcel para chilenos y argentinos que internaron 41 kilos de marihuana por el paso fronterizo Los Libertadores, el 24 de mayo de 2013.
El caso fue investigado por el fiscal jefe de Los Andes y fiscal de la URAN, Ricardo Reinoso, quien destacó que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso también impuso condena por el delito de lavado de activos.
En la fecha indicada, previa coordinación de la Fiscalía, fue detenido en la aduana andina un camión conducido por Manuel Valenzuela Silva, en cuyo interior se encontraron 31 paquetes de marihuana paraguaya prensada traídos desde Mendoza, avaluados en 70 millones de pesos.
Cabe señalar que el operativo antinarcóticos continuó momentos después, en la ruta de ingreso a la ciudad de Los Andes, con la intervención de agentes encubiertos de la PDI, quienes detuvieron durante la entrega vigilada de la droga a Luis Silva Estay, a su hijo Javier Silva Ávila.
La marihuana había sido obtenida y embarcada en Mendoza por orden de los argentinos José Ramón Leyes Fernández y Alberto Adrián Torazzi González, a quienes Silva Estay conoció en la cárcel. Torazzi estaba en prisión preventiva y Leyes cumpliendo condena en la cárcel al momento de los hechos, pero ambos habían logrado hacerse de la droga a través de sus parejas.
El operativo culminó en el sector Las Coimas, comuna de Putaendo, con el allanamiento a una parcela de 50 millones de pesos que estaba inscrita a nombre de Florentino del Carmen Tapia Delgado, donde se encuentra armamento y munición, pero que estaba cedida legalmente en usufructo vitalicio y gratuito a Silva Estay, su verdadero dueño.
Luis Silva Estay fue condenado a 15 años y un día de presidio, y su hijo Javier fue sentenciado a otros 5 años y un día. El argentino José Leyes fue condenado a 10 años y un día de cárcel, y su compatriota Alberto Torazzi a 541 días remitidos.
En juicios anteriores, también fueron condenados el camionero, el testaferro (quien tenía inscrita la parcela), y la pareja del argentino Leyes, por lo que el caso culminó con siete condenados, la incautación de una propiedad, bienes muebles y droga que no llegó a su destino en las poblaciones de la Quinta región. En la causa hay también órdenes de detención vigentes.
A lo menos desde 2010, la Fiscalía porteña ha obtenido más de una decena de condenas por delitos de lavado de activos.