Indignados, centenares de maestros y estudiantes tomaron este jueves el control de alcaldías de Guerrero para exigir a las autoridades a que encuentren a los 43 jóvenes desaparecidos hace casi tres semanas, en un plan que incluye bloqueos en carreteras y protestas.

Las movilizaciones, acordadas por organizaciones sindicales y sociales, contemplan la apropiación en los próximos días de los ayuntamientos de los 81 municipios de Guerrero.

Algunas alcaldías fueron evacuadas y cerradas de forma preventiva. Es el caso de Iguala (140.000), la ciudad donde desaparecieron los 43 estudiantes tras ser baleados por policías y sicarios la noche del 26 de septiembre.

La tensión y furia aumenta entre todos los mexicanos pero se siente en particular entre los estudiantes que claman “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” ante un caso que desvela día a día el horror de la violencia del narco y la corrupción en el país.

La estrategia prevé también el bloqueo de carreteras y la ocupación de casetas de peaje de la turística autopista que conecta Ciudad de México y el balneario de Acapulco (Guerrero), donde se convocó una gran manifestación este viernes.

Además de la alcaldía de Chilpancingo, capital de Guerrero, los manifestantes se han apoderado este jueves de los ayuntamientos de Tlapa de Comonfort (82.000 habitantes), Atoyac de Álvarez (61.000) y Huamuxtitlán (15.000) sin que se hayan reportado incidentes, informó a la AFP un funcionario del centro de mando de la policía regional.

En Huamuxtitlán, a 490 km de Ciudad de México, “son unos 200 maestros los que mantienen tomado el palacio (de gobierno) y nosotros somos respetuosos de la manifestación”, explicó su alcalde, Johnny Saucedo, vía telefónica a la AFP.

Decenas de los 1.500 trabajadores de la alcaldía de Iguala se llevaron a pulso las máquinas fotocopiadoras y documentos confidenciales “por precaución” ante la esperada llegada de los manifestantes, dijo a periodistas Óscar Antonio Chávez, encargado del despacho del alcalde.

Las tomas están encabezadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), una fracción del sindicato nacional de maestros conocida por el radicalismo de sus protestas.

“No tenemos la capacidad para tomar los 81 ayuntamientos en un mismo día, así que el plan de acción es hacerlo de forma paulatina”, matizó José Ángel Barón, vocero de la CETEG.

Los estudiantes enfurecidos

La falta de noticias sobre los jóvenes, alumnos de una combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), sumado al contínuo hallazgo de fosas desespera al país.

En la capital, miles de alumnos de grandes universidades públicas en huelga marcharon el miércoles hasta la céntrica sede de la fiscalía general y algunos dañaron a pedradas la fachada de cristal.

El presidente Enrique Peña Nieto pide tiempo para esclarecer el caso pero la presión aumenta entre la comunidad internacional y la población mexicana, harta de tantos años de violencia.

Las autoridades sostienen que los 43 estudiantes que sobrevivieron a los ataques, en los que hubo seis muertos, fueron entregados por policías municipales a miembros del cártel Guerreros Unidos, dominante en la región.

Basándose en testimonios de sicarios detenidos, los investigadores sospechan que los jóvenes fueron asesinados y enterrados en algunas de las numerosas fosas clandestinas halladas después en los cerros de Iguala, un feudo de los criminales donde se deshacen de sus víctimas.

Las pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres encontrados determinaron que entre ellos no están los estudiantes, pero sumaron otro capítulo de horror a este caso, que refleja la connivencia en la turbulenta región entre la policía, el narco y las autoridades.

Ahora hay otras 28 personas, que no se sabe quiénes son, que fueron asesinadas y enterradas en Iguala, como al menos otros 50 en lo que va de año.

Los familiares de los jóvenes se resisten a creer que ése fue el destino de sus hijos y aseguran que siguen en manos de policías de Iguala fugitivos.

La búsqueda sigue en los alrededores de Iguala, a solo 200 km de Ciudad de México. Grupos de autodefensa aseguraron el miércoles haber encontrado otras seis fosas sin cadáveres pero con “un hueso” y unos zapatos, aunque la fiscalía no confirma el hallazgo.

Cae operador financiero

La fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías- pero admite que no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede determinar sus motivos.

Pero más pruebas van apareciendo de la infiltración en Iguala de los Guerreros Unidos.

La fiscalía reportó la noche del miércoles la detención de Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de los Guerreros Unidos, que presuntamente entregaba cada mes 600.000 pesos (43.000 dólares) al subdirector de Seguridad Pública de Iguala.

Este funcionario es buscado por la policía al igual que el alcalde de Iguala y su esposa, hermana de tres narcotraficantes.

Los estudiantes, la mayoría entre 18 y 21 años, habían viajado de Ayotzinapa a Iguala para recaudar fondos y en el momento del ataque estaban a bordo de varios autobuses de los que se habían apoderado para regresar a su escuela.