Un nuevo cuestionamiento enfrenta el municipio de Calle Larga luego que la Contraloría hiciera algunas observaciones al funcionamiento administrativo de la entidad en lo que se refiere a contrataciones y formulación de proyectos.
Lo particular del caso es que, dentro de estas observaciones, el órgano contralor insta al ex jefe de Secplac y actual seremi de Minería, Alonso Retamales, a devolver más de 14 millones de pesos que, según la Contraloría, habría recibido de forma inadecuada por concepto de pago de remuneraciones.
Según el documento –informe 49 de 2013, pero evacuado con fecha 29 de mayo de 2014–, se realizó una investigación para detectar presuntas irregularidades en torno a la contratación de servicios a honorarios, pago de viáticos no acreditados, sumarios administrativos no realizados y pago de sobresueldos a Alonso Retamales Campos.
La denuncia señala que que entre agosto y septiembre de 2012 y en calidad de alcalde subrogante, Retamales celebró un contrato a honorarios con Juan Pablo López Pozo y que con el propósito de aumentar el monto a pagar por los servicios contratados, se le dio efecto retroactivo. Lo anterior, pese a que las labores nunca fueron prestadas y el monto pagado bajo esas condiciones habría sido destinado al financiamiento de la campaña política del alcalde de ese municipio, Nelson Venegas Salazar, según apunta el informe de manera textual.
Sobre la materia, el examen de cuentas practicado permitió constatar a través de decretos alcaldicios que López Pozo fue contratado bajo la modalidad de honorarios, para prestar asesorías técnicas en la formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública para la Secpla, percibiendo por ese concepto más de $12 millones durante ese año.
Luego Retamales habría instruido al administrador municipal de la época, Paulo Rodríguez Pino, para autorizar una ampliación del contrato a honorarios de Juan Pablo López por más de $1 millón, argumentando la necesidad de contar con perfiles de proyectos terminados y listos para ser postulados en octubre de 2012.
Estos proyectos eran la “Adquisición Computadores Liceo Técnico, Calle Larga”, “Adquisición Juegos Infantiles y Máquinas Ejercicios comuna de Calle Larga” y “Reposición Alumbrado Público, Calle Larga”.
Lo anterior se configura como la primera irregularidad que observa la Contraloría debido a que dos de los proyectos mencionados ya habían sido postulados al Gobierno Regional. Incluso se detectó por parte del órgano contralor que esos proyectos fueron un “copy/paste” (copiado y pegado) de proyectos idénticos de otras comunas como El Quisco, Papudo, Llay Llay, Hijuelas, Nogales, Algarrobo, La Cruz, Rinconada y San Esteban, siendo distintos sólo en cuanto a los datos estadísticos propios de cada comuna, cuya fuente de información en su mayoría proviene del INE.
Luego el Informe revela que al actual seremi de Minería Alonso Retamales, aparte de su contrato como director del Secpla del municipio de Calle Larga, fue contratado para desarrollar funciones adicionales de servicios de diseño y evaluación de proyectos de inversión comunal y equipamiento urbano y supervisión de su ejecución.
Ello fue objetado también por la Contraloría, que indicó que el funcionario deberá proceder al reparo de los gastos por concepto de honorarios con ocasión de los contratos celebrados con el aludido servidor, por un monto total de $14.427.665 debido a que, en resumen, se le habría hecho un segundo contrato para realizar funciones que por normativa ya debía efectuar como Secpla.
En torno al primer cuestionamiento de la compra de computadores, el alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, calificó de absurdo el planteamiento de la Contraloría indicando que sienta un mal precedente, restándole importancia al hecho de que se haya “copiado y pegado” el contexto del proyecto y solo se le hayan cambiado los datos estadisticos como dice la entidad.
Respecto a la indicación de devolver dineros por parte del ex funcionario Retamales, y a pesar de que el informe contiene ya las respuestas enviadas por el municipio, el alcalde sostuvo que se esta evaluando jurídicamente el documento, insistiendo en que no hubo ninguna irregularidad.
Éste no es el único cuestionamiento que ha tenido en los ultimos años el municipio de Calle Larga. De hecho, ya la Contraloría había investigado la adquisición de llaveros y otros artículos comprados para una celebración por parte del municipio, así como la investigación penal que lleva el Ministerio Público en torno a una ex funcionaria que la semana pasada quedó en prisión preventiva acusada de desviar fondos del municipio a sus cuentas personales.
En este sentido, el fiscal Ricardo Reinoso confirmó a Radio Bío Bío que existen otras investigaciones abiertas en el municipio de Calle Larga a partir de algunas denuncias que se han formulado. Incluso, agrega el persecutor, los informes de Contraloría están siendo también materia de investigación.
Consultado al respecto, el actual seremi de Minería Alonso Retamales declinó referirse públicamente al tema argumentando que no entregará declaraciones para evitar interferir en las diligencias, como se trata de un proceso que esta en curso.
