La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el Municipio de Iquique, luego que la Contraloría de Tarapacá obligara a hacer válidos los contratos de trabajo y honorarios de más de 60 funcionarios municipales desvinculados por la administración del alcalde Jorge Soria el 1 de febrero del 2013.
Esta fue la segunda instancia a la que acudió el jefe comunal, luego de desestimar la instrucción de la Contraloría Regional de realizar el pago a esas personas, el cual no fue acatado por Soria. La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que el dictamen de la Contraloría que dispuso el pago de las remuneraciones hasta junio de 2013 de las personas desvinculadas por la Municipalidad de Iquique no es ilegal ni arbitrario.
En total, fueron 63 los funcionarios desvinculados, quienes siempre reclamaron persecución política del alcalde Soria. Además, aseguraban que no había razón profesional ni de presupuesto para terminar abruptamente dichos contratos y situación laboral. Del total, 23 estaban contratados, pero algunos de ellos no quisieron continuar el proceso judicial por los costos laborales y de tiempo que conlleva dicha situación. Los otros 40 eran personal a honorarios.
Este dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, ocurrido el viernes 3 de octubre, afirma la resolución de la Contraloría de Tarapaca de pagar los sueldos correspondientes a seis meses de trabajo, mas finiquitos en los casos que corresponda.
