Al cumplirse dos meses desde que la Corte Suprema escuchó los alegatos de las partes, aún la Tercera Sala no entrega la sentencia en el recurso de protección contra Endesa y su central Bocamina II. Fue en el marco de esta acción legal de algueras y pescadores de Coronel que se ordenó la paralización de la termoeléctrica.

Fue el 31 de julio cuando los abogados de Endesa y de los pescadores, algueras y vecinos de la caleta Lo Rojas entregaron los antecedentes del caso ante los ministros de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.

Mientras la generadora pedía el rechazo del recurso de protección, los afectados por los daños medioambientales que ha producido Bocamina II demandaban mantener la clausura de la central, hasta no implementar las medidas que terminen con la succión indiscriminada de biomasa desde el mar e instalar, entre otros, un desulfurizador.

Contrario a la rapidez con que se requiere un pronunciamiento judicial frente a la vulneración de garantías constitucionales, en este caso, la Corte Suprema se ha tomado del plazo normal que aplica para los recursos de protección.

Al respecto, el abogado Lorenzo Soto, representante de pescadores y algueras, reconoció que se trata de algo poco común.

Consultado sobre posibles presiones que se estarían ejerciendo respecto de un fallo importantísimo, pues es la única vía que hoy tiene Endesa para revertir la clausura de la termoeléctrica, el abogado Soto prefirió no pronunciarse.

Desde que la Corte Suprema dejara en acuerdo la sentencia, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó con una multa de casi 5 mil millones de pesos a la generadora, a raíz de las irregularidades en el funcionamiento de Bocamina II.