La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, implicados en tres casos de tortura ocurridos en 2012 y 2013 en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de San Ramón.
En total, son ocho los detectives imputados por apremios ilegítimos, encontrándose los otros cuatro involucrados con arresto domiciliario. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal en contra de todos los imputados y de quienes resulten responsables.
El primer caso de torturas ocurrió en enero de 2012, cuando un hombre fue detenido por tres funcionarios de la Bicrim de San Ramón, quienes lo trasladaron hasta las dependencias de dicha unidad policial. En el lugar, los PDI habrían primero golpeado con pies y puños al sujeto, para posteriormente colocarle un casco de moto y desnudarlo.
Luego, los policías llevaron al afectado hasta un árbol que se ubica dentro del recinto, lugar donde fue esposado y mojado, para finalmente llevarlo a un calabozo, espacio en el cual estuvo por un largo tiempo esposado. Al día siguiente, el hombre compareció en audiencia de control de detención.
El segundo caso de torturas que también motivó la querella del INDH, sucedió el día siete de septiembre de 2012, cuando otra víctima se encontraba en su domicilio ubicado en San Ramón, momento en que cuatro funcionarios de la PDI ingresaron ilegalmente a su domicilio, forzando la puerta de ingreso para proceder a su detención.
Tras ello fue llevado a la Bicrim de San Ramón. En el lugar, estando esposado, fue inculpado por uno de los detectives por el robo de enseres en una iglesia de la comuna, lo que llevó al PDI a golpearlo con sus puños en la cabeza y rostro, insultándolo y amenazándolo con un arma de fuego. Más tarde, fue obligado a pedir disculpas de rodillas, para finalmente ser ingresado a un baño, donde uno de los funcionarios tomó un fusil para lanzar bombas lacrimógenas en su interior, acción en que dicha arma falló.
El tercer caso corresponde a una persona que, el 17 de enero de 2013, volvía en bicicleta desde su trabajo a su casa, cuando –en el marco de un control de identidad realizado por tres funcionarios de la PDI, al cual accedió voluntariamente- éstos le solicitan ser trasladado a la Bicrim de San Ramón.
Una vez en el cuartel, los PDI llevaron a esta persona al estacionamiento del recinto, lugar en el que se suman dos nuevos policías. Allí es golpeado reiteradamente en el suelo y mojado. Posteriormente, dos de los funcionarios lo cuelgan con las esposas de una viga en el techo, lo que le produjo una fractura en su muñeca. Nuevamente es golpeado, no sólo con pies y puños, sino también con la placa de identificación de uno de los PDI.
Para Lorena Fries, directora del INDH, la situación relatada es “de la mayor gravedad, pues se configura como una práctica que se ha repetido dentro de la PDI. Es inaceptable que agentes del Estado de Chile, quienes son los llamados a proteger la integridad de las personas, hagan justamente lo contrario, o sea torturar”.
Cabe señalar que el martes 23 de septiembre el tribunal fijó un plazo de 120 días para que se desarrolle la investigación pertinente.
