El ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de derechos humanos, exigió el jueves el restablecimiento del servicio telefónico para el solitario presidio que ocupa durante una audiencia en una corte de Lima.

“En ningún penal del Perú se aplica una medida de retiro del aparato telefónico”, dijo Fujimori dirigiéndose a los jueces en su alegato que fue difundido en directo por algunas televisoras y radios locales.

Fujimori, de 75 años, reclamó exasperado que le vuelvan a instalar el teléfono que las autoridades penitenciarias eliminaron en noviembre de 2013 en represalia por dos entrevistas concedidas a medios de comunicación locales.

La legislación peruana permite teléfonos públicos en las prisiones, pero en el caso de Fujimori tiene restringido otorgar entrevistas periodísticas.

“El hecho de conversar con un medio de comunicación por la línea telefónica es una falta ni débil ni grave”, dijo Fujimori a los tres magistrados que deben resolver en los próximos días si le dan la razón al ex presidente o si avalan el pedido de las autoridad penitenciaria de mantener la prohibición.

“Quieren asesinarme, es un homicidio premeditado, y la forma es matando a cuentagotas mis neuronas”, expresó Fujimori al describir el estado de “soledad e incomunicación” en que se encuentra.

Fujimori está preso desde 2007 en una base policial al este de Lima, donde es el único detenido. Ahí recibe visita de familiares y de amistades.

“Ruego a los distinguidos miembros de esta Sala, comprender esta penosa y desgarradora situación nunca antes vivida en los primeros seis años de mi privación de la libertad”, acotó el ex presidente que gobernó Perú con mano dura de 1990 a 2000 en el marco de la lucha contra las guerrillas.

Semanas atrás un juzgado de primera instancia ordenó la reposición del servicio telefónico, pero las autoridades penales apelaron la decisión a una instancia superior.

El ex mandatario cumple una condena de 25 años de cárcel, impuesta en 2009, como autor mediato de dos matanzas durante su gobierno (1990-2000), en las que un escuadrón de la muerte asesinó a 25 personas de quienes sospechaban pertenecían a la guerrilla de Sendero Luminoso. Entre las víctimas había un niño.