Pendiente quedó el pronunciamiento del Juzgado de Garantía de Talcahuano, sobre la nulidad del acuerdo que impidió llevar a juicio oral al diputado Cristián Campos.
En la audiencia de este lunes, la fiscalía y la defensa del parlamentario rechazaron los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que solicitó dejar sin efecto la salida alternativa.
Lo que persigue el CDE es anular la suspensión condicional acordada entre el Ministerio Público y los abogados del diputado Campos, tras allanarse éste a restituir los casi 5 millones de pesos que recibió entre 2008 y 2009, por concepto de horas extraordinarias, cuando se desempeñaba como administrador municipal de Hualpén.
El principal argumento del organismo es que no fue notificado para asistir a la audiencia del pasado 25 de agosto, cuando se concretó la formalización de Campos por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones y se oficializó la salida alternativa que terminó con la causa.
Y así lo expresó la abogada jefe del Consejo de Defensa en Concepción, Ximena Hassi.
Esto, sin embargo, fue desechado por el fiscal de La Araucanía, Cristian Paredes, a cargo de la investigación y quien llegó al acuerdo para la salida alternativa.
Como contraargumento a la solicitud que busca dejar sin efecto la suspensión condicional, el abogado Marcelo Torres, defensa del diputado Campos, señaló ante el tribunal que el CDE no era parte en la causa contra su cliente.
Entre las diligencias realizadas ante el juez José Burgos, estuvo la declaración de la abogada del Consejo a cargo del caso contra Cristián Campos, Gisela Inostroza.
También entregó su testimonio la jefa del CDE, abogada Ximena Hassi, quien no obstante admitir que no había una querella con el nombre del diputado, subrayó que para decidir una salida alternativa era necesario escuchar al afectado por el pago irregular de horas extra, es decir el municipio, ente al que justamente representa el Consejo de Defensa.
Tras recibir las pruebas de todas las partes, el juez Burgos explicó que debía esperar un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción antes de emitir un dictamen sobre la nulidad de la audiencia.
El tribunal de alzada debe pronunciarse sobre una prueba solicitada por la fiscalía, que fue impugnada por el Consejo de Defensa del Estado.
Fabian Polanco (RBB)
