Con el respaldo de cuatro diputados de la Democracia Cristiana, tres socialistas, dos PPD, un independiente y un UDI, se presentó la anunciada Acusación Constitucional que pretende destituir de su cargo al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño.

Lo acusan de intentar mantener bajo reserva un informe que detalló abusos contra menores y adolescentes al interior de hogares del Sename. El cuestionado magistrado negó haber ocultado estos datos y dijo sentirse tranquilo.

En noviembre del año 2012 el Poder Judicial y la Unicef firmaron un convenio para evaluar, con encuestas en los hogares del Sename, si las medidas de protección que ordenaban los jueces se cumplían.

El escándalo estalló en marzo del año pasado cuando se reveló el contenido de los cuestionarios, donde los internos, niños, niñas y adolescentes, relataban maltratos físicos y psicológicos y abusos sexuales.

El informe había concluído cuatro meses antes, sin que estos hechos, todos constitutivos de delitos, fuesen denunciados al Ministerio Público por quienes elaboraron el estudio: los jueces.

La encargada de este proyecto con Unicef, la jueza de familia Mónica Jeldrés, ante la Comisión Investigadora de la Cámara, en julio de este año, reconoció que sus superiores habían ordenado ocultar este informe.

Gracias a estos antecedentes, el presidente de aquella comisión, el diputado DC, René Saffirio, junto a un grupo de parlamentarios, concluyeron que el responsable era el ahora ex encargado de la Reforma a la Justicia de Familia, el supremo Héctor Carreño.

La acusación por “notable abandono de deberes” la suscriben además, Ricardo Rincón, Iván Flores y Yasna Provoste, Andrea Molina (UDI), Cristina Girardi y Tucapel Jiménez, ambos del PPD, Alejandra Sepúlveda (Indep.), y los socialistas Maya Fernández, Fidel Espinoza y Luis Rocafull.

El acusado ya cuenta con un defensor, el abogado y ex miembro del Consejo de Defensa del Estado, Davor Harasic.

Esta mañana, tras cumplir con sus funciones en la Corte Suprema, Carreño negó haber ocultado el informe sobre las casas de acogida del Sename.

La Sala de la Cámara eligió a la comisión que analizará la procedencia del texto acusatorio, estará integrada por los diputados RN José Manuel Edwards y René Manuel García y los UDI Arturo Squella, Javier Macaya y Patricio Melero.

Este último prometió un procedimiento que dé garantías a los acusadores y al acusado.

En tanto, y aunque reconoció la facultad de los parlamentarios, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, llamó a ser responsables con estas herramientas. Manifestó que esta acción no dañe el diálogo con el Poder Judicial.

Si la Cámara de Diputados declara procedente la acusación, luego del informe que emane de la comisión, será el Senado por simple mayoría de sus integrantes el que resuelva el futuro de Carreño en el Poder Judicial.