Si bien los proyectos de ley que abarcan a la educación superior serán los últimos en ser presentados por el gobierno, el tema de la gratuidad se ha ido instalando en la discusión, luego de la errática intervención que hiciera sobre el tema el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, la que le valió una serie de críticas y rectificaciones.

Posteriormente, fue la presidenta Michelle Bachelet quien indicó que espera que de aquí a 2016 se empiece a aplicar la gratuidad en las instituciones de educación superior.

Cerrando el cuadro, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, quien dijo que se avanzará en un sistema de financiamiento no por la vía de la becas y para aquellas instituciones que cumplan con los nuevos estándares de calidad que fijará el gobierno.

El secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, aseguró que se respetarán los tiempos que establece el programa de gobierno y que los mecanismos aún están siendo discutidos.

Cabe mencionar que los recursos para financiar la reforma educacional provendrán de lo que recaude la reforma tributaria, los que el gobierno han cifrado en 8.200 millones de dólares.

Incluso el ministro Eyzaguirre fue más allá y aseguro que uno de cada tres pesos que se destinen para la reforma irán a la educación superior para, entre otras cosas, financiar la gratuidad. No obstante, según el cálculo esto no alcanzaría para cumplir con lo que dice el programa.

Sin embargo, en ese sentido, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, indicó que es prematuro establecer que los recursos no alcanzarán para estos efectos.

El senador Montes indicó que hoy prácticamente el 45% de los estudiantes están muy cerca de la gratuidad y el compromiso del gobierno es llegar al 70% más vulnerable durante su período.

En tanto, el ministro Eyzaguirre se reunió con la embajadora del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Claudia Serrano, para analizar la reforma que impulsa el gobierno.

Ella indicó que la iniciativa permitirá recién iniciar un recorrido que acerque a Chile a lo que realizan otros países.

Según la embajadora no existe un modelo único para proveer estos servicios educacionales y lo importante es que sea el Estado el que garantice que se genere una condición de igualdad y calidad para todos los estudiantes del sistema, sin importar su origen socioeconómico, algo que no se da en Chile y que se busca resolver con la reforma.