El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Guido Girardi (PPD), calificó este lunes como “legítimo” el paro de los funcionarios del Hospital del Salvador, que ya cumple 28 días en rechazo a que el nuevo recinto sea construido y administrado por privados, y planteó “judicializar” la concesión del centro geriátrico que se levantará en el espacio de ese recinto.

“Es tal el cúmulo de irregularidades que me parece que el mejor camino es judicializar esta herencia oscura del gobierno de Sebastián Piñera que aceptarlo”, enfatizó el senador.

En ese sentido, agregó que es necesario “que los tribunales de Justicia digan si el Estado de Chile debe pagar una indemnización. Y si hay que hacerlo será más barato porque con el dinero que se va a entregar en 15 años de concesión se podrían construir más de dos hospitales. Las empresas, en caso de rechazarse la concesión, estiman en 100 millones de dólares las pérdidas que tendrían, o más bien el regalo que dejarían de percibir, por eso creo que el camino es la judicialización”.

El parlamentario llamó a los médicos y funcionarios en paro “a colaborar con la solución, hacer una tregua y buscar una acuerdo sobre la base del diálogo. Es lamentable que se haga un paro contra un gobierno que comparte la esencia del reclamo de los trabajadores”.

Girardi dijo que “la presidenta Bachelet heredó este problema del gobierno anterior que irresponsablemente entregó estas concesiones entre gallos y medianoche, en enero de 2014 cuando ya finalizaba. En marzo, con el senador Montes, fuimos a la Contraloría a pedir que se no tomara razón de estos contratos porque era un atentado al país”, explicó el jefe de la bancada de senadores del PPD.

El legislador sostuvo que “el cuestionamiento de los trabajadores, médicos y funcionarios del Hospital del Salvador es absolutamente legítimo, es una demanda ética que tiene que ver con el bien de la salud porque este tipo de concesión, particularmente las que se firmaron al término del Gobierno de Piñera son depredadoras y generan una enorme lesión al sistema de salud y al país”.

Para el parlamentario “estas concesiones fueron hechas con la intención de favorecer desmedidamente los intereses de las empresas en desmedro de los pocos recursos del Servicio Público. En materia de construcción cuesta un 63% más de lo que le costaría hacerlo al Estado, el que además queda rehén de abusos, pues por cambiar una ampolleta cobran 100 mil pesos, por cambiar un lavamanos, tres millones y por cambiar un tabique, cinco millones”.

Girardi afirmó que la presidenta Bachelet “cumplió su palabra al rechazar todas las concesiones en que aún no se había tomado razón, e incluso la del Hospital Sótero del Río por notorias irregularidades”.