En la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal y con la lectura de los cargos por parte del juez, se dio inicio al juicio oral del denominado caso de corrupción pública, en el que la Fiscalía de Arica busca conseguir sentencia condenatoria en contra de 17 personas imputadas por su presunta responsabilidad en diversos delitos.
Algunos de ellos se relacionan con la ejecución de proyectos de la Ilustre Municipalidad de Arica, los que alcanzan poco más de 3.600 millones de pesos.
Es así como el juez presidente del tribunal, Mauricio Vidal, dio a conocer los delitos formulados por la Fiscalía en contra de cada uno de los acusados, indicándoles el tipo de participación que tuvieron en el ilícito, su grado de desarrollo y las penas solicitadas en la acusación fiscal.
Asimismo, para el lunes 4 de agosto quedó programado el inicio de los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía, oportunidad en que el Ministerio Público de Arica señalará de qué manera intentará acreditar cada uno de los delitos investigados.
“Las expectativas pasan por poder demostrar, con los medios de prueba que fueron ofrecidos al tribunal e ingresados a esta fase, los hechos de la acusación y que de esta manera el tribunal pueda llegar a una convicción de culpabilidad de los acusados respecto de los hechos que hemos vertido en nuestra acusación”, expresó la fiscal regional, Javiera López.
Delitos
Los cargos imputados van desde asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, fraude al fisco y cohecho activo y pasivo, entre otros, delitos por los cuales la Fiscalía pidió penas que en total suman 221 años y 541 días de presidio.
También se acusó la persona jurídica Asevertrans Limitada, por el supuesto delito de cohecho activo reiterado, solicitando su disolución.
Durante el juicio, el que se prevé se extenderá por varios meses, el Ministerio Público será representado por la fiscal regional junto al fiscal jefe de Arica, Carlos Eltit, y el fiscal adjunto, Francisco Ganga.
Durante el juicio oral el órgano persecutor presentará finalmente un total de 140 testigos (otros 47 fueron dispensados por el Ministerio Público en la primera jornada), además de 12 peritos, cerca de 150 mil escuchas telefónicas y más de mil documentos, entre pericias contables y otros informes, medios de prueba con los cuales pretende acreditar cada uno de los ilícitos investigados.
Asimismo, se despacharon siete órdenes de detención contra testigos que no se presentaron en el tribunal.
En la acusación fiscal las penas más altas solicitadas por el Ministerio Público le corresponden a los imputados Jorge Frías Esquivel (51 años de presidio) y Waldo Sankán Martínez (36 años de presidio).
El primero será formalizado por su supuesta participación en ocho delitos: asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, dos fraude al fisco, cohecho activo, tenencia de arma de fuego y adquisición de munición, entre otros.
Mientras que Sankán está imputado como supuesto autor de delitos de asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, fraude al fisco, tres de cohecho activo, nombramiento ilegal y exacción ilegal. Además se solicita para ambos multas e inhabilitación para oficio o cargo público.
Los otros 15 acusados enfretarán cargos por delitos de cohecho, fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible, lavado de activos, cohecho pasivo, nombramiento ilegal y uso malicioso de instrumento privado falso.
