Dirigentes mapuche aseguraron que el Estado debe asumir una serie de responsabilidades, luego de que fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar Ley Antiterrorista a 8 comuneros indígenas.
La consejera nacional mapuche ante de la Conadi, Ana Llao, indicó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratifica que hubo una persecución a quienes reivindicaban derechos ancestrales.
El vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, comentó que también quedó en evidencia que la Ley Antiterrorista no se debe seguir aplicando en causas vinculadas a la violencia en La Araucanía.
El presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, emplazó también al poder judicial y a la Fiscalía a pronunciarse sobre el fallo de la corte internacional.
Uno de los 8 mapuche que fueron condenados bajo la Ley Antiterrorista fue el fallecido lonko de la comunidad Temulemu, Pascual Pichún. Su hijo, Juan Pichún y quien ahora lo reemplaza como autoridad indígena, comentó que es difícil lograr una reparación a las víctimas como lo dicta el fallo de la corte.
Los ocho involucrados en el caso fueron condenados a penas de entre 5 y 10 años por los delitos y tentativa de incendios, calificados de terroristas, en hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.
