Los presidentes de tres países centroamericanos pedirán este viernes a su par estadounidense Barack Obama un plan regional de seguridad, en plena crisis humanitaria por la llegada ilegal a Estados Unidos de miles de niños centroamericanos.
Los presidentes Otto Pérez (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) llevarán a Obama una propuesta conjunta para aliviar la coyuntura, según funcionarios.
La reunión en la Casa Blanca marcará la primera ocasión, desde que la marea de migrantes se hizo pública hace dos meses, que Obama se reúne con los líderes de los tres países, de donde provienen la mayoría de los menores.
Obama conversó telefónicamente el jueves con Enrique Peña Nieto, presidente de México, otra pieza clave en el rompecabezas migratorio, con quien discutió estrategias de cooperación para reforzar las fronteras y desestimular los cruces ilegales.
Hernández y Pérez se mostraron optimistas, destacando una leve reducción en el flujo de menores y la captura en ambos lados de la frontera de traficantes conocidos como coyotes.
La crisis de los menores “va en camino de la resolución”, dijo Pérez.
Según los mandatarios, la crisis debe convertirse en una oportunidad para acercar la región con Estados Unidos en estrategias duraderas.
Centroamérica requiere un proyecto de seguridad y desarrollo de cinco a diez años con el país norteamericano “como ya se hizo en el plan Colombia”, indicó el líder guatemalteco.
“Debemos tener nuestro propio plan”, coincidió Hernández.
Ambos mandatarios criticaron duramente la actual Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI) a la que Estados Unidos ha destinado 651 millones de dólares desde 2008, según un alto funcionario de la Casa Blanca. “Casi ha sido una burla”, dijo Hernández.
Pero el funcionario estadounidense replicó que el programa ha tenido “mucho éxito en casos puntuales” en Guatemala, El Salvador y Honduras.
- Políticas ambiguas -
Desde octubre, más de 57.000 niños, en su mayoría provenientes de esos tres países, han cruzado ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de adultos, lo que ha desbordado a las autoridades de los países involucrados.
Obama solicitó al Congreso recursos especiales por 3.700 millones de dólares para mitigar la crisis, aumentando el número de agentes fronterizos y de jueces migratorios.
“En un año este problema se ha desbordado”, dijo Hernández en una reunión con la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
El problema “tiene orígenes” en la violencia del narcotráfico y la falta de oportunidades económicas en su país, indicó el mandatario.
“Pero de igual manera tiene que ver con la falta de claridad o ambigüedad en la política y el debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos”, añadió.
Violencia criminal de las pandillas, falta de oportunidades económicas y separación de las familias empujan a los padres a enviar a sus hijos con los coyotes a través de peligrosas rutas hacia la frontera estadounidense.
“Una Centroamérica en paz, libre de droga y violencia, próspera, es de enorme beneficio para Estados Unidos. Espero que Washington entienda eso”, dijo Hernández en el Congreso.
- “Responsabilidad compartida” -
El consejero del departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, que visitó Centroamérica en antesala a la reunión, adelantó el miércoles en San Salvador que de la reunión presidencial saldrá un plan conjunto para enfrentar la migración de menores, con estrategias de desarrollo económico y seguridad ciudadana en América Central.
Según la Casa Blanca, Obama y sus pares centroamericanos discutirán formas de promover una “migración segura, legal y ordenada” entre los países con un espíritu de “responsabilidad compartida”.
Por su parte, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dijo que los centroamericanos presentarán una posición “conjunta” de endurecer las leyes contra los traficantes de personas y mantener una campaña de información que advierta sobre los riesgos de la migración ilegal.
Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron recibidos en la tarde del jueves por el secretario general la OEA, José Miguel Insulza, quien llamó a privilegiar un “trato humanitario” hacia los menores.