El Ministerio del Interior presentó la mañana de este miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago las querellas por la bomba que afectó en la madrugada de este martes a la Parroquia Santa Ana; y por el artefacto desactivado en las cercanías de un jardín infantil de la capital.
Los libelos fueron interpuestos por la División Jurídica del Ministerio del Interior en contra de todos quienes resulten responsables del delito de infracción a la ley de control de armas y explosivos, causando daños calificados al templo católico; y por la colocación de un dispositivo de similares características en las inmediaciones de un establecimiento de atención de párvulos de calle Almirante Herrera.
No obstante, no se invocó la Ley Antiterrorista como en el caso del atentado con bomba en un carro del Metro de Santiago de la Línea 1, el cual estalló en la estación Los Dominicos, causando daños en el vagón.
Lo anterior, ya que se argumentó que este ataque se realizó en un lugar público de alta concurrencia en un horario donde aún operaba el sistema de transporte público.
“El Gobierno insistirá en la presentación de acciones judiciales cada vez que se vean afectadas la integridad física y la vida de miles de personas, tal como ocurrió con la invocación de la ley que sanciona conductas terroristas por el atentado que afectó el domingo 13 de julio al Metro de Santiago”, informó la secretaría de Estado en un comunicado.
“El Gobierno ha destinado todos sus recursos para esclarecer la responsabilidad de quienes resulten responsables ante estos ataques que intimidan a la población. Por ello, el Ejecutivo ha tenido contacto permanente con el Ministerio Público y las policías para trabajar de la manera más coordinada posible, de modo de agilizar todas las pericias que sean necesarias”, consigna la nota de prensa difundida por el Gobierno.
