El presidente de la Democracia Cristiana (DC), senador Ignacio Walker, valoró este viernes la reunión de la Presidenta Michelle Bachelet con los presidentes de los partidos políticos para abordar la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, destacando la necesidad de apoyar una “política de Estado” para defender los intereses nacionales.
El timonel de la DC se refirió así a la cita que tuvo lugar en La Moneda, señalando que fue una “reunión muy provechosa, muy oportuna, muy pertinente, muy respetuosa, muy franca”.
“Aquí hay una política de Estado, eso es la política exterior chilena, una política de Estado que defiende el interés nacional, y allí no hay gobierno, oposición, izquierda, derecha, estamos todos detrás de las decisiones de la Presidenta de la República, que en su calidad de Jefa de Estado, no de Gobierno, conduce la política exterior”, puntualizó.
Agregó que “estamos en buenas manos, hay un gran equipo jurídico y asesor y las decisiones finales las tomará la Presidenta”.
Walker aseguró que “hay dos temas, un tema procesal y un tema de fondo. Hay un tema que se ha planteado sobre la posible incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la medida que el artículo sexto del Pacto de Bogotá de 1948 sostiene que éste no se aplicará en aquellas situaciones que se hayan resuelto en un tratado anterior a 1948, y el tratado con Bolivia es de 1904″.
“Ésa es una decisión que tiene que tomar la Presidenta y si así se hace hay dos posibilidades: de aquí al 15 de junio, que son los 90 días para la excepción preliminar o derechamente en el fondo del tema, si es que así se decidiera, que es el 18 de febrero cuando Chile presente la contra memoria”, añadió.
El senador DC expresó que “sobre el tema del fondo, lo que algunos hemos planteado no sólo en esta reunión, es que la gran debilidad del argumento jurídico por parte de Bolivia es que en el fondo Bolivia está pidiéndole a la CIJ prácticamente que deje sin efecto o modifique el tratado de 1904 al margen de la voluntad de los contratantes, y por lo tanto esa es la mayor, a mi juicio, debilidad jurídica de la demanda boliviana”.
