Notas
Vivir con discapacidad mental en Chile: Abandono y discriminación
Publicado por: Tu Voz
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Estimados BioBioChile:

Las 350 mil personas que viven con discapacidad mental en nuestro país están expuestas al abandono por parte del Estado -que no les da el apoyo necesario- y a la discriminación de toda nuestra sociedad, que no les permite acceso adecuado a educación, trabajo, atención de salud, vivienda y convivencia social, tal como se demostró en la muerte por calcinación de 9 personas con esta condición en el incendio de la casa de reposo de Paillaco hace un mes.

¬ŅC√≥mo es posible que esta casa funcionara con personas bajo llave durante 28 a√Īos, sin autorizaci√≥n ni supervisi√≥n de la autoridad sanitaria, si durante ese mismo per√≠odo un hospital p√ļblico le proporcionaba la atenci√≥n psiqui√°trica y los medicamentos?

Esto se relaciona sin duda con el hecho de que Chile, a pesar de haber ratificado la Convenci√≥n de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2008, a trav√©s de su Congreso y su presidenta, a√ļn mantenga viejas leyes y promulgue nuevas que se contraponen con dicho tratado internacional.

Es as√≠ como la Ley 18.600 del a√Īo 1987, que ‚ÄúEstablece Normas sobre los Deficientes Mentales‚ÄĚ, permite un proceso abreviado de privaci√≥n de capacidad jur√≠dica de las personas con discapacidad mental sin debido proceso, adem√°s de permitir la contrataci√≥n de ellas en empleos con una remuneraci√≥n inferior al sueldo m√≠nimo, en franca contradicci√≥n con los derechos garantizados en la Convenci√≥n de la ONU. A su vez la Ley 20.584 del a√Īo 2012, que ‚ÄúRegula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relaci√≥n con Acciones Vinculadas a su Atenci√≥n en Salud‚ÄĚ, no contempla la creaci√≥n de una autoridad independiente del sector salud que autorice y supervise la privaci√≥n de libertad que implican las hospitalizaciones involuntarias, organismo imprescindible de acuerdo a la OMS para que se garantice el derecho a la libertad de las personas con discapacidad que establece la Convenci√≥n de la ONU.

El abandono y discriminaci√≥n de las personas con discapacidad mental se relaciona tambi√©n con la insuficiente voluntad que han mostrado nuestras autoridades nacionales para implementar pol√≠ticas lo suficientemente robustas como para cambiar las actuales circunstancias. Prueba de ello es la disminuci√≥n de la proporci√≥n que se destina a salud mental en el presupuesto de salud del sistema p√ļblico (desde 3,10% en 2008 a 2,16% en 2012), el bajo nivel de acceso y de calidad de atenci√≥n en los servicios de salud mental, el bajo porcentaje de estudiantes con discapacidad mental integrados en escuelas normales (solamente el 9,4% asiste a las escuelas normales y el 90,6% siguen excluidos en escuelas especiales), la inexistencia de disposiciones que obliguen y/o incentiven a empresas a contratar a personas con discapacidad mental, y el bajo nivel de participaci√≥n social y pol√≠tica que estas personas tienen en nuestro pa√≠s.

Estos y una serie de otros indicadores, han sido documentados en un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental.

Chile está en deuda con las personas con discapacidad mental y también está en deuda con el tratado internacional que comprometió el 2008 frente a la ONU. Es urgente que nuestro país desarrolle iniciativas para promover, proteger y respetar los derechos de estas personas, no sólo proporcionando servicios específicos, sino que también adoptando las medidas para cambiar actitudes y comportamientos que las estigmatizan y marginan.

Para este efecto, se requieren transformaciones en las pol√≠ticas, leyes y normativas junto con acciones orientadas a promover el reconocimiento y ejercicio de derechos civiles, culturales, econ√≥micos, pol√≠ticos y sociales de las personas con discapacidad mental, en el marco del Estado y la sociedad civil, considerando que los cambios en el campo jur√≠dico deben inscribirse a su vez en la construcci√≥n social de una ‚Äúcultura de derechos‚ÄĚ cuyo centro debe ser la inclusi√≥n social de las personas con discapacidad mental.

La mayoría de las modificaciones de la legislación que se requieren para que Chile cumpla con su compromiso con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de garantizar en plenitud los derechos de las personas con discapacidad mental podrían incluirse en una Ley de Salud Mental, tal como las que han promulgado varios países latinoamericanos.

María Isabel Robles, Mauricio Gómez, Alberto Minoletti.
Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental

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