La petición de reconstitución de escena de lo ocurrido en la Onemi y el SHOA la madrugada del 27 de febrero del 2010, podría incluir la presencia de la presidenta Michelle Bachelet en la eventual diligencia. Las defensas de cinco de los seis imputados por los errores en la alerta de tsunami pidieron la reapertura de la investigación.
En forma paralela, mientras que la Fiscalía occidente los acusaba de cuasi delito de homicidio, solicitando un castigo de 818 días de presidio, los imputados recurrieron este fin de semana a los tribunales para reabrir la investigación.
Los abogados de uno de los acusados, el ex subsecretario del interior Patricio Rosende, pidieron 20 diligencias, entre ellas, reconstituir lo sucedido en la Onemi y el SHOA entre las 3:40 horas y las 8 de la mañana.
El próximo 18 de junio, en el séptimo juzgado de garantía, se discutirá en audiencia de la pertinencia de reabrir la investigación.
Según las fuentes consultadas, en caso que el tribunal orden una reconstitución de escena, será el equipo liderado por la fiscal Solange Huerta el que resuelva quienes deberán participar de la diligencia, entre las autoridades que acudieron esa madrugada a la Onemi, entre las que se encuentra la actual mandataria.
Uno de los abogados de Rosende, Rodrigo Molina, explicó que la idea es reconstituir las falencias e incomunicación que dejó la catástrofe, lo que habría afectado la toma de decisiones.
En tanto, Luciano Foulliaux, defensor de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, confirmó que su cliente está dispuesta a participar en una eventual diligencia de este tipo y criticó a la Fiscalía por no ordenarla antes.
Luciano Bufadel, abogado de las víctimas del tsunami en Constitución, se manifestó contrario a la reapertura de la indagatoria.
Entre otras diligencias solicitadas para reabrir el denominado Caso Tsunami, aparecen nuevos interrogatorios al director de la PDI, Marcos Vásquez, al ex director de Carabineros, el general retirado Eduardo Gordon, y al ex ministro de salud, Álvaro Erazo.
También hay un requerimiento a la Contraloría General de la República para que aclare si el plan de emergencia estaba vigente para la fecha de la catástrofe.