La solicitud de 818 días de pena remitida presentada por la fiscalía metropolitana occidente contras seis personas, entre ellas el subsecretario del interior Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, fue considerada una burla por dirigentes de las aldeas de sectores devastados por el tsunami del 27 de febrero 2010.
En Dichato, el ex dirigente de la aldea El Molino, Braulio Quezada, criticó la acusación señalando que fue irrisoria la pena.
Para Cecilia Vallejos, de la aldea El Morro de Talcahuano, es una burla para las víctimas y sus familias.
Los otros imputados por la fiscal Solange Huerta son Johaziel Jamett, ex jefe del centro de alerta temprana de la Onemi; Mariano Rojas, ex director del SHOA; Andrés Henríquez, ex jefe de operaciones del SHOA; y Mario Andina, ex oficial de guardia del mismo SHOA.
Todos ellos, acusados de cuasi delito con resultado múltiple de homicidio por las 104 muertes causadas por la no transmisión de la alerta de maremoto en las comunas de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco.
La pena remitida de 818 días solicitada, es la máxima que contempla la ley por un cuasi delito contra alguien con irreprochable conducta anterior. El juicio oral se cumplirá en los próximos meses.
