Las autoridades mexicanas detuvieron a unos 250 migrantes centroamericanos en el estado de Tabasco (sureste), en un operativo en el que se produjeron agresiones, según defensores de derechos humanos, que denunciaron además que habría decenas de indocumentados desaparecidos.

Durante “un operativo de control y verificación” junto a elementos de la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración (INM) identificó la noche del miércoles a un grupo de “aproximadamente 250 extranjeros que no pudieron acreditar su estancia legal en el país” en la pequeña comunidad de rancherías de Chacama, Tabasco, informó este jueves la secretaría de Gobernación (Interior) en un comunicado.

Los migrantes -procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala- fueron presentados ante el INM para proceder a su “retorno asistido”, señaló la secretaría, que reiteró su “compromiso de salvaguardar la integridad de los migrantes y el respeto a sus derechos humanos”.

Sin embargo, el vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, dijo a la AFP que las autoridades emboscaron a los migrantes, que emprendían una caravana a pie en su camino clandestino hacia Estados Unidos para solicitar visas humanitarias, y les “golpearon y arrastraron” insultándoles “con palabras altisonantes”.

Los migrantes iniciaron la caravana hace dos días, después de que las empresas ferrocarrileras les impidieran seguir su camino en el lomo del tren de carga conocido como “La Bestia”, según el activista.

Decenas del total de 313 migrantes habrían desaparecido, dijo.

Asimismo, Figueroa denunció que en el operativo, policías federales y miembros del INM también agredieron a los defensores presentes en el lugar como él mismo y los sacerdotes Tomás González ‘Fray Tormenta’ y Fray Aurelio, responsables de un refugio para indocumentados en Tabasco.

“Nos golpearon, nos arrastraron, casi le fracturan la mano a ‘Fray Tormenta’”, denunció Figueroa, quien aseguró que, si bien la violencia de las autoridades hacia los migrantes es lamentablemente común, es casi “inaudita” hacia los activistas, por lo que elevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también a la justicia mexicana.

“Es una clara intención del gobierno mexicano de querer golpearnos, agredir a los defensores de los derechos humanos e intimidar a los migrantes para que no exijan la visa de tránsito”, porque las “autoridades corruptas y sus socios del narcotráfico pierden millones”, consideró.

Unos 140.000 extranjeros, la gran mayoría centroamericanos, emprenden cada año viajes clandestinos por territorio mexicano en trenes de carga para llegar a Estados Unidos, exponiéndose a ser víctimas de secuestros, asesinatos, violaciones y extorsiones a manos del crimen organizado que controla esas rutas.